miércoles, 30 de septiembre de 2009

La Facultad de Humanas de la UNRC rechazó los fondos de Alumbrera

La Facultad de Humanas rechaza las partidas de la minera La Alumbrera
Lo decidió el Consejo Directivo en reunión extraordinaria.
La Dirección de Jurídica recomendó aceptar el dinero.

Diario El Puntal, Río Cuarto, 30 de septiembre de 2009.


El debate por los fondos de la mina La Alumbrera, que fueron girados a la Universidad Nacional y ahora debe decidir su aceptación, volvió a encenderse.

Es que el Consejo Directivo de la Facultad de Humanas, la más grande de la casa de altos estudios local, decidió en una reunión extraordinaria rechazar los fondos provenientes de las regalías de esa explotación ubicada en la provincia de Catamarca.

La actividad de ese megaemprendimiento es duramente cuestionada por supuesta contaminación al medio ambiente.

Pero por una ley nacional las universidades son socias en las regalías que el emprendimiento genera. Claro que las utilidades se conocen por declaración jurada y muchos creen que son minimizadas por la operadora de capitales extranjeros.

En el país, hay facultades que luego de debatir internamente en el marco del deber ser y no de la legalidad, decidieron rechazar el dinero. Al tener una normativa nacional que define la distribución, la legalidad no tiene margen de ser puesta en tela de juicio.

Los sectores que resisten ese dinero argumentan principios morales al aceptar dinero de una actividad cuestionada. A su vez, el rechazo conlleva un mensaje de repudio.

En la vereda de enfrente, quienes persiguen la aceptación, insisten en que el rechazo no cambia las cosas y que lo mejor sería tomarlas y destinar ese dinero para alguna acción que aliente el cuidado del medio ambiente.

Lo cierto es que en la Universidad local las aguas están divididas. Ya hay una facultad, la de Exactas, que propuso aceptarlos. Pero ahora la de Humanas avanzó en el sentido contrario.

A su vez, en el Consejo Superior esa realidad se traduce literalmente. Los estudiantes reclaman el rechazo de plano de los fondos argumentando las numerosas sospechas de contaminación y la extracción de metales que son exportados dejando escasos beneficios a la Nación. Desde el Rectorado se busca aceptar ese dinero basándose en la legalidad y fundamentando que sólo captando ese dinero puede pretenderse cambiar esa realidad.

Lo cierto es que el tema es analizado en tres comisiones del Consejo Superior que ayer estuvieron reunidas analizando la situación. En ese marco analizaron el dictamen que la Dirección de Jurídica de la Universidad les entregó. Allí se aseguró que se deben aceptar los fondos porque son enviados en el marco de una ley nacional y no como parte de una donación.

Pero, además, fue más allá en el dictamen y advirtió que en caso de rechazarlo, las autoridades -que integran el Consejo Superior- podrían ser objeto de cuestionamientos judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“En este sentido, Jurídica advierte que habría responsabilidad por el hecho de rechazar los fondos. De todos modos no hay decisiones tomadas en las comisiones. Vamos a seguir analizando”, adelantó el secretario general de la Universidad, Armando Becerra.

Las comisiones, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana próxima.

De acuerdo a los tiempos que se manejan en el campus, el dictamen de las comisiones podría lograrse la próxima semana, cuando al escrito de Jurídica, le sumen otros elementos que están en proceso.

A partir de allí, la siguiente reunión del Consejo Superior, donde se llevarán las recomendaciones de las comisiones, se dará el martes 21. En ese encuentro esperan poder decidir finalmente en plenario qué hacer con los fondos.

Jornada de reflexión en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC

Se realizó el 28 de septiembre
en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba

Jornada de Reflexión Pública
BIENES COMUNES, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA
Problemáticas socioambientales a propósito de la megaminería.

Panel y diálogo abierto en el que participaron Maristella Svampa, Enrique Matías Viale, Horacio Machado Aráoz y Mirta Antonelli.

La Facultad de Arte de la Universidad del Centro rehazó los fondos de La Alumbrera

(Azul, Olavarría, Tandil).- El Martes 8 de Septiembre, la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) en su sesión de Consejo Académico aprobó por unanimidad el rechazo a los fondos provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera , de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca. Fondos que fueron aprobados en virtud de la Ley 14.771 y por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con la resolución 672, del 10 de julio de 2008.

Dichos fondos ya han sido aceptados oficialmente por la UNICEN en la última sesión del Consejo Superior, realizado el Jueves 3 del corriente mes Luego de varias semanas de debate dentro del mismo, por unanimidad se decidió "confirmar el compromiso de la Universidad con el cuidado y la preservación del medio ambiente", y a pesar de ello se decidió aceptarlos, por 26 votos a favor, 5 votos en contra y 4 abstenciones.

Sin embargo, la Facultad de Arte ha decidido sostener una postura crítica y expresar su rechazo frente a la falta de conciencia ética y política de la mayoría de los Consejeros Superiores de nuestra Universidad.

Reconocemos como antecedente las luchas que han iniciado diferentes unidades académicas de otras Universidades Nacionales que han expresado su rechazo explícito a los fondos, y entendemos en concordancia con sus planteos, que la única forma de avanzar en contra de este modelo productivo saqueador y contaminante, es diciendo NO a los fondos asesinos, ni a cualquier intento de legitimar directa o indirectamente este tipo de explotaciones.

Por el contrario, consideramos que aceptar los fondos, aunque reconociendo por medio de un escrito la irreversibilidad de sus impactos socioambientales, tal como lo hizo la UNICEN , significa de todos modos aceptar, avalar y legitimar esta actividad.

Por lo aquí expuesto creemos que es responsabilidad de todas las unidades académicas el iniciar un debate al interior de sus Consejos, a fin de expresar su compromiso con los intereses del pueblo y con la libertad académica, absteniéndose de recibir dichos fondos por motivos éticos y políticos que lo tornan injustificable.

Contactos:

Juliana Zaffino
juliz.nqn@gmail.com

Virginia Toledo
vtoledolopez@gmail.com

Agrupación AMU (Facultad de Ciencias Exactas)
Agrupación Germinal (Facultades de Arte y Ciencias Humanas)
Colectivo Lacandona – F.P.D.S. (Facultad de Ciencias Humanas) colectivolacandona@yahoo.com.ar
Agrupación Victor Jara – M.U.I. (Facultad de Ciencias Humanas)
ADUNCE – Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Centro.

martes, 29 de septiembre de 2009

Por segunda vez, el Consejo Directivo de la UNER resolvió aceptar los fondos de YMAD

"La violencia es muda. La violencia es mentir"

COMISION INTERUNIVERSITARIA INTERCLAUSTROS
POR EL RECHAZO DE LOS FONDOS
PROVENIENTES DE YMAD-LA ALUMBRERA.

El jueves 24 de setiembre el Consejo Superior de la UNER resuelve por segunda vez, por 14 votos contra 12, aceptar los fondos provenientes de YMAD-La Alumbrera constituyendo a la UNER en cómplice de un modelo de explotación que contamina, mata y expolia.

Las argumentaciones en contra de recibir estos fondos, por parte de Consejeros Superiores, de Docentes y Estudiantes que asistimos a presenciar la reunión insumieron casi 3 horas. Nunca se escucharon argumentos ni contra-argumentos de quienes posteriormente votaron por aceptar los fondos mineros.

Las intervenciones de los disciplinados obedecedores de las leyes que perpetúan la entrega de nuestro patrimonio y que condenan vidas ajenas rondaron sobre la supuesta falta de respeto que suponía aplaudir las intervenciones con las que se acordába y las (prácticamente inexistentes) expresiones de repudio a sus alocuciones La miopía valorativa les impidió considerar como una falta de respeto mucho mayor el hecho de votar sin argumentar absolutamente nada. Recién tuvimos la oportunidad de corroborar que la mayoría de los consejeros que aceptaron los fondos disponían de cuerdas vocales en el momento en que manifestaron su voto.

Cuatro Facultades (Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Bioingeniería y Bromatología) decidieron rechazar los fondos, previa realización de asambleas y reuniones de sus Consejos Directivos. Sin embargo consejeros como el Prof. Friedrich, docente de Bromatología, o el consejero estudiantil Doratti, de la misma unidad académica, votaron por la aceptación vulnerando el mandato de su facultad, de su Consejo Directivo, de sus claustros, de quienes dicen representar.

Llamativamente además resultaron las ausencias de consejeros como el graduado de Económicas, Marcelo Hadad, ex candidato a diputado nacional por el partido socialista, quien en la reunión anterior se había pronunciado por el rechazo de los fondos y que se ausentó sugestivamente de esta sesión.

Otros consejeros como el mencionado Doratti o Castagnini, estudiante de alimentación, o el Consejero Docente Gerard, no participaron de las reuniones de comisión, llegando sobre la hora al plenario y por tanto no participando de debate alguno, limitándose a emitir su voto.

Dos cuestiones significativas

La primera es el absoluto vaciamiento democrático de las instancias de cogobierno de la UNER. La coyuntural mayoría de Consejeros Superiores que acordaron aceptar los fondos YMAD-LA ALUMBRERA no consideró necesario presentar sus argumentos, deliberar, fundar sus opiniones. El silencio más atroz, más irresponsable, más cínico, se opuso a las argumentaciones de quienes expusieron solicitando el rechazo del dinero. Corporativamente blindaron sus oídos, corrompiendo uno de los más importantes ámbitos de discusión el la Universidad. Ellos son los mismos que encabezados por el Rector Asueta se niegan a convocar a Asamblea Universitaria al menos una vez al año como lo dispone el Estatuto Universitario, desconocen el mandato de sus representados, resuelven a espaldas de la comunidad universitaria.

La segunda es la demonización y criminalización de la diferencia y de la resistencia a tales prácticas. Apenas concluida la sesión, los funcionarios de Rectorado pergeñan un comunicado que acusa a estudiantes, docentes, graduados y no docentes que concurrieron de ser violentos, de agresión, de “apriete”, etc, haciendo referencias al pasado tan infelices como mendaces. No hubo ninguna agresión más allá de los cánticos, aplausos o abucheos. No se tiraron piedras ni se encerró a nadie en el baño, ni a nadie se intimidó. Mas de 100 docentes, estudiantes, no docentes y graduados participaron de la sesión, si allí hubiera estado la intención de agredir ella se hubiera concretado fácilmente, por la sola fuerza del número. Miente el señor Rector de la Universidad, sus personeros y sus mensajeros. No hubo mas violencia que la del silencio, la de la imposición como fuera de mayorías conseguidas en la oscuridad, con representantes que votaron en contra de la decisión de sus representados, con ausencias llamativas, sostenidas sólo por la fuerza del número y no del argumento.

La ausencia de argumentos, el no-decir, la ausencia de discurso, de un no poder discurrir en la palabra lo que se hace y por ende hacerse cargo de lo dicho (que es hacerse cargo de lo hecho) es el motor de la violencia, de la arbitrariedad y la injusticia.

Seguiremos trabajando como hasta ahora, democrática y horizontalmente, confiados en la fuerza de la razón y de los argumentos, luchando por una Universidad democrática, con conciencia crítica y autónoma, independiente de los dineros sucios de corporaciones como LA ALUMBRERA, que pretenden comprar nuestras conciencias con limosnas conseguidas sobre la dignidad y la muerte de nuestros conciudadanos.

COMISION INTERUNIVERSITARIA INTERCLAUSTROS
POR EL RECHAZO DE LOS FONDOS
PROVENIENTES DE YMAD-LA ALUMBRERA.

LOS VOTOS

Sandra Arito (decana de Trabajo Social): en contra de recibir los fondos
Alfredo Busmail (estudiante de Trabajo Social): en contra de recibir los fondos
Elina Cánepa (estudiante de Ciencias de la Educación): en contra de recibir los fondos
Juan Manuel Castagnini (estudiante de Alimentación): a favor de recibir los fondos
Susana Cazzaniga (docente de Trabajo Social): en contra de recibir los fondos
Hugo Cives (decano de Alimentación): a favor de recibir los fondos
Sergio Cristani (graduado de ciencias de la Educación): en contra de recibir los fondos
Susana Daolio (graduada de Trabajo Social): en contra de recibir los fondos
Néstor Dominguez (docente de Ciencias Económicas): en contra de de recibir los fondos
José Dorati (estudiante de Bromatología): a favor de recibir los fondos
Miguel Fernández (decano de Administración): a favor de recibir los fondos
Mauricio Friedrich (docente de Bioingenieria): a favor de recibir los fondos
Héctor Gaillard (graduado de Administración): a favor de recibir los fondos
Jorge Gerard (docente de Alimentación); a favor de recibir los fondos
Rosa Gorelik (personal de rectorado): a favor de recibir los fondos
Carlos Guitar (docente de Administración): a favor de recibir los fondos
María Clara Melchiori (decana de Bromatologia): en contra de recibir los fondos
María Laura Méndez (decana de Ciencias de la Eduacación): en contra de recibir los fondos
Eduardo Muani (decano de Ciencias Económicas): a favor de recibir los fondos
Cesar Osella (decano de Ingenieria): en contra de recibir los fondos
Jorge Pascuccielo (personal administrativo): a favor de recibir los fondos
Jorge Pepe (decano de Salud): a favor de recibir los fondos
Maria Teresa Rodriguez (docente de Salud): en contra de recibir los fondos
Carlos Smith (graduadao de Agropecuarias): en contra de recibir los fondos
Elías Stang (docente de Agropecuarias): a favor de recibir los fondos
Gabriel Villanova (decano de Agropecuarias): a favor de recibir los fondos

Estuvieron ausentes:

Mirta GIACCAGLIA (docente Educación)
Pablo Andrés ROMERO (estudiante Económicas)
Marcelo HADDAD (graduado de Económicas)
Fernando BELLO (graduado de Alimentación)
Miguel GUITAR (estudiante de Administración)
Alicia LOPRESTI (docente Bromatología)

Giaccaglia, Romero, Haddad y Bello votaron por el rechazo de los fondos en la oportunidad anterior.
Esa vez, Guitar y Lopresti votaron por la aceptación.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Cuando la ética es lo primero

SOCIEDAD › DIEZ FACULTADES DE UNIVERSIDADES NACIONALES RECHAZAN DINERO PROVENIENTE DE LA MINA LA ALUMBRERA

Diario Página 12, Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.

El Consejo Interuniversitario Nacional aceptó por segunda vez los fondos aportados por la empresa minera que extrae cobre y oro. La Alumbrera está obligada al aporte por ley. Pero diez decanos decidieron rechazarlos porque se originan en una empresa contaminante.

“No a los fondos de La Alumbrera.” La consigna comenzó a circular entre los docentes, estudiantes, graduados y no docentes hasta llegar a los decanos de diez facultades del país. En mayo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –conformado por todos los rectores de universidades nacionales– aceptó por segundo año consecutivo los fondos que, por ley, la empresa minera Alumbrera Limited –que explota el yacimiento ubicado en Catamarca– destina a las universidades nacionales. El lema se transformó en movimiento con la conformación de una red de facultades y unidades académicas nacionales (ver aparte) que manifestaron su “rechazo ético” a esos fondos, en una declaración conjunta que además condena la actividad de La Alumbrera por “contaminar el aire, el agua, el suelo y las personas con derrames de ácidos mineros y otros contaminantes procedentes de las actividades de extracción de cobre y oro”. La red solicita al CIN y a todas las universidades públicas que “aprueben códigos de ética para que casos como el de La Alumbrera no se repitan”. El tema figura en la agenda de la reunión del CIN que se celebra entre hoy y mañana en Villa María, Córdoba.

“Los rectores tienen potestad para aceptar los fondos, pero no para distribuirlos entre las facultades. Por eso, comenzamos a advertir la necesidad de llevar la discusión del rechazo a los fondos de La Alumbrera hasta el CIN”, resumió la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) –primera institución en rechazar los fondos este año–, Patricia Altamirano.

Para Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA –la única en esa universidad que rechazó los fondos y ordenó crear un consejo consultivo–, la actitud se fundamenta en “la aceptación acrítica del dinero antes de su incorporación al presupuesto universitario”.

En ese sentido, Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la UNC y presidente de una organización ambientalista con carácter consultivo en la ONU, apuntó que los fondos “se querían aprobar rápido y en silencio. Que se genere un debate hacia afuera de las autoridades universitarias pone en tela de juicio la imparcialidad y la forma en la que se toman fondos. Se le tiene miedo al control social de la universidad”.

Los fondos provienen de la explotación que tres empresas de origen suizo y canadiense hacen de La Alumbrera, enlazadas por una Unidad Transitoria de Empresas, a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El organismo detenta el derecho de explotación de la mina y está conformado por el gobierno de Catamarca –la explotación es en el departamento de Belén–, la Universidad de Tucumán –por ser la institución que descubrió el yacimiento en 1948– y el Estado Nacional. En esa sociedad, la empresa percibe el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante, de lo que se destina 60 por ciento a la provincia de Catamarca, el 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento a distribuir entre las “universidades del Estado”, según la ley nacional 14.771.

A propósito de estas condiciones establecidas por la ley, el gerente de Relaciones Institucionales de Alumbrera Ltd, Jorge Montaldi, indicó que “con prescindencia del derecho de las universidades a aceptar o no los fondos provenientes de las utilidades de YMAD, La Alumbrera no genera contaminación, cumple con la normativa ambiental argentina y tal como demostró el reciente fallo de la Justicia, no hay ningún ejecutivo procesado por delito ambiental” (ver aparte).
La primera distribución de fondos desde la YMAD llegó en 2008, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional aceptó esas utilidades por 50 millones de pesos y diseñó el modo de distribución por el que se repartió “por partes iguales” entre todas las universidades. Para el período 2009, el CIN volvió a aceptar por acuerdo plenario una partida de 36.800 millones de pesos. Pero, esta vez, se encontró con el rechazo de varias facultades, que resolvieron no utilizar los fondos cuando éstos sean girados.

“La Universidad de Tucumán, al estar dentro de la estructura de la empresa, sufre una distorsión como institución educativa. Los fondos la atan para expresarse sobre el impacto ambiental que provoca la actividad. La utilidades deberían ir al Tesoro Nacional, pero con las ventajas impositivas que tienen las empresas se les termina pagando a las mineras para que se lleven todo y dejen la contaminación”, aseguró Lino Pizzolón, director del Observatorio del Agua de la sede Esquel, la única unidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia en rechazar los fondos en 2008.

Según datos oficiales, en 2009, la producción de metales crecerá un 40 por ciento, y en el caso del oro –uno de los metales que se extraen en La Alumbrera– habrá exportaciones por 1300 millones de dólares. Pero el Estado Nacional, según las normas vigentes desde la década de 1990, sólo puede cobrar impuestos fijos y no más del 3 por ciento del valor de “boca de mina”, donde el material tiene el valor más bajo del mercado.

“La facultad atraviesa una situación difícil en su realidad presupuestaria y los fondos de la mina podrían ser la inyección para afrontar el mantenimiento de infraestructura los servicios, la limpieza y los gastos administrativos. Pero sentimos que aceptar los fondos es ser cómplices de que otras comunidades sufran, por la contaminación de agua, aire y tierra”, apuntó Facundo Moulins, representante por los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), donde el Consejo Superior revisaría la medida. Además, según el acuerdo realizado por los rectores en el CIN, “sería deseable” que los fondos “se aplicasen a la implementación de algún proyecto institucional y no a los gastos corrientes”.

Según la declaración acordada por las facultades, los fondos generan un “clientelismo de universidad” que para Montenegro se traduce en “una falta de credibilidad de los estudios que realiza una universidad que aceptó los fondos”. Por eso, el docente se encargó de presentar un informe ante el Consejo Superior de la UNC –que aún no revisó la aceptación de los fondos– donde recopila, entre otras cosas, los casos de contaminación contra la empresa.

“Tenemos el derecho de plantear que el dinero no se puede incorporar sin considerar los efectos que tiene la minería a cielo abierto sobre el medio ambiente, la vida presente y futura de esos ecosistemas y la de sus habitantes, e indirectamente de todo el país”, advirtió Schuster. La decana de Psicología de la UNC, en sintonía con la declaración firmada por las facultades contrarias a recibir los fondos, adelantó que “la idea es que la red se amplíe con la participación de organizaciones sociales e intelectuales en una próxima reunión”.

Las 10 del rechazo

Las facultades y unidades académicas que adhirieron al rechazo de los fondos de La Alumbrera son: en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER): las facultades de Trabajo Social, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Bromatología. En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): las facultades de Psicología, Filosofía y Humanidades y Derecho y Ciencias Sociales. Por último, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSA). Entre las unidades académicas están: la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Unpsjb) y las escuelas de Ciencias de la Información y Biología de la UNC.

Basados en el informe del dueño

La Alumbrera Limited comenzó su actividad en 1997. Un año después, el entonces director de Medio Ambiente de Tucumán, Juan González, denunció a la empresa por los niveles de metales hallados en el canal DP2, donde desemboca el mineraloducto de La Alumbrera, que cae en la cuenca del río Salí Dulce. En 2002 el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Antonio Gómez, retomó el expediente y, en 2008, llevó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney, a ser procesado por el delito de contaminación peligrosa –previsto en la ley nacional de Residuos Peligrosos–. Se consideraba que en 2010 la causa sería elevada a juicio oral y público, y de probarse la responsabilidad de la empresa en la contaminación del canal, podría abrirse una causa de lavado de dinero a las universidades que recibieron fondos de la empresa. “Como en cualquier otro delito en el que se recibe dinero proveniente de un ilícito y se lo aplica a otros fines se comete el delito de lavado de dinero”, explicó el fiscal Gómez en diálogo con Página/12. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal consideró el jueves último “hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa” y “anular la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán”. Esto no significa que “sobreseyó a Rooney”, apuntó Javier Pardo, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, sino que la causa continúa abierta, pero deben realizarse nuevas presentaciones conformes a la sentencia del tribunal, que –con dos votos negativos y una disidencia– consideró anomalías formales durante el proceso y negó indicios de contaminación, tomando en cuenta los estudios realizados por la Universidad de Tucumán, integrante de la empresa.

Informe: Nahuel Lag.
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jueves, 24 de septiembre de 2009

"Al aceptar los fondos, la Universidad pierde su capacidad crítica y su compromiso con la sociedad"

Discurso pronunciado por la docente Dra. Silvia González en la reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, celebrada en Esquel el 24 de septiembre.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA
SAN JUAN BOSCO SEDE ESQUEL
Sarmiento 849 (9200) TE/FAX 02945-452271 zonalesq@unpata.edu.ar

Esquel, 24 de Septiembre de 2009.-

A los integrantes del Consejo Superior de la UNPSJB

SOBRE REUNIÓN DE LAS FACULTADES Y UNIDADES ACADÉMICAS QUE SE EXPRESARON RECHAZANDO LOS FONDOS DE LA MINERA LA ALUMBRERA DESTINADO A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

El 8 de Septiembre tuvo lugar en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba una reunión de las Facultades y Unidades Académicas que se expresaron rechazando los Fondos de la Minera La Alumbrera destinado a las Universidades Nacionales.

Participaron representantes de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, Córdoba y de la Patagonia san Juan Bosco Sede Esquel. También representantes del pueblo de Andalgalá y Belén (comunidades de Catamarca aledañas al yacimiento Bajo la Alumbrera).

La reunión dio como resultado un documento donde se expresa la solidaridad con las comunidades que sufren los efectos sociales, ambientales, sanitarios y económicos de esta actividad, e invita a tomar iniciativas para que toda la comunidad universitaria y sociedad en general tome conciencia de todos los alcances que tiene la decisión de aceptar fondos de una empresa que ha sido judicializada por sus delitos ambientales y que intenta silenciar la crítica y oposición mediante el dinero.

El Consejo Zonal de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, fue la primera unidad académica que rechazó estos fondos, que se concedieron a las Universidades Nacionales inmediatamente después que se conociera sobre el fallo de procesamiento judicial del vicepresidente de Minera La Alumbrera por delitos ambientales en mayo de 2008. En la reunión quedó claro que además de los efectos ambientales negativos de la actividad de esta empresa existen otros igualmente cuestionables. Fue muy conmovedor escuchar a los miembros de la comunidad de Andalgalá: una enfermera, una maestra y un empleado judicial exponiendo cada uno desde su lugar, los sufrimientos a los que están sometidos por la actividad de La Alumbrera. La enfermera comentaba del aumento de las enfermedades, particularmente el cáncer, y la reaparición de la tuberculosis, una enfermedad que había sido desterrada del lugar, y además de la tensión social dentro de las propias familias, por la dependencia económica de aquellos que trabajan para la empresa y no pueden admitir sus nefastas consecuencias. La maestra nos contó sobre la humillación que significa estar obligados a usar “camisetas”con el logo de la empresa, en actividades recreativas que realizan, los alumnos y aún los docentes, o el extremo de recibir las medallas del día la bandera los alumnos de 4to grado, en el anverso la bandera argentina y en el reverso el logo de la empresa. El vecino empleado judicial nos relató como no es posible estar seguro que sus propias casas y de que aún la ciudad pueda seguir existiendo, ya que fue declarada, en sus propios terrenos una mina que puede ser explotada. Estos pueblos son verdaderos feudos mineros donde el asistencialismo en salud, educación, y otros estamentos, muestran la ausencia del Estado y la omnipotencia de las empresas. El impacto negativo a nivel social es tangible al escuchar los relatos y al percibir la sensación de desamparo de los habitantes del lugar.

La minería a gran escala está catalogada como una de las actividades industriales más contaminantes, de acuerdo a la US EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EEUU) genera el doble de desechos que todas la industrias de USA juntas.

Se han documentado en los últimos tiempos los resultados negativos provocados por la actividad de la minera Bajo La Alumbrera, sus delitos ambientales se enumeran en un expediente iniciado en el año 1998, a raíz del cual recientemente se procesa por primera vez en Latinoamérica a un representante de una empresa minera por delito de contaminación. Casualmente, surgen al mismo tiempo fondos de esta empresa destinados a las Universidades Nacionales, unos pocos millones (50 en 2008 y 36 en 2009) de las increíbles ganancias que se llevan al exterior 6000 millones en los últimos 3 años, cuando la inversión total fue de 1660 millones.

Según nuestro Estatuto Universitario, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco:

* estimula las investigaciones, el conocimiento de las riquezas nacionales y los sistemas para utilizarlas y preservarlas y proyecta su acción y los servicios de extensión universitaria hacia todos los sectores populares.

* guarda profundas relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual forma parte.

Es evidente que la necesidad de financiamiento privado, por lo insuficiente del aporte estatal, determina que las misiones fundamentales de la Universidad se vean relegadas en favor de priorizar la realización de cualquier tipo de actividad que genere ingresos (servicios a terceros, consultorías), o como es en este caso el de recibir donaciones de cualquier origen, sin hacer demasiadas consideraciones ambientales o de solidaridad con la sociedad.

A la mayoría de los gobiernos de las Universidades no les ha importado en absoluto saber que los fondos provienen de una empresa que ha provocado contaminación del medio ambiente (roturas periódicas del mineraloducto de 316 Km. con derrame de metales pesados y drenajes ácidos), enfermedades, (aumentaron un 67% los casos de enfermedades respiratorias y un 600% los casos de cáncer), sequía de acuíferos, y saqueo nuestros recursos naturales, (consumen el 87% de la energía eléctrica y el 60% del agua de red de la Provincia de Catamarca), aceptando estos fondos caen en la trampa de ser cómplices de esta realidad, haciendo que la Universidad sea cada día más dependiente, menos confiable, más parecida a una empresa, más alejada de su razón de ser.

Aceptar los fondos de esta empresa minera no sólo implica darle la espalada al pueblo, sino también pone en evidencia que tipo de Universidad sostenemos: una Universidad que no es autónoma, que pierde su capacidad crítica y su compromiso con la sociedad.


Dra. Silvia B. González
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de la Patagonia SJB Sede Esquel


El resumen completo de la reunión puede leerse en la dirección: http://noafondosalumbrera.blogspot.com/

Facultad de Bromatología de la UNER rechazó los fondos de Alumbrera

Es la universidad nacional donde más facultades los rechazaron.

Se propaga así la iniciativa pionera que tomó la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba en junio de este año.

Hoy jueves se reúne nuevamente el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos para volver a analizar si rechaza los fondos, tras haberlos aceptado en una sesión anterior. El encuentro se concretará en Villaguay (Entre Ríos).

El Dr. Raúl Montenegro, Premio Nóbel Alternativo 2004, envió una nota para que sea leída en el Consejo Superior de la UNER esta tarde. Indica que de rechazarse los fondos "no solo será la primera universidad nacional que lo haga, sino que habrá escrito una página histórica y ejemplar de coherencia, debate y responsabilidad social".

Las Universidades Nacionales que aceptaron los fondos de Alumbrera podrían ser acusadas de "lavado de dinero" si el vicepresidente de esa empresa, Julián Patricio Rooney, es condenado por la Justicia Federal.

El Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología (UNC) e impulsor del primer rechazo aprobado este año contra esos fondos, recordó que Minera La Alumbrera "contamina el ambiente de cuatro provincias Argentinas" y que es "poco ético recibir dinero teñido de sangre y degradación ambiental".

Córdoba (Argentina), 24 de septiembre de 2009.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) informó que la rebelión iniciada por la Facultad de Psicología al rechazar los fondos de Minera La Alumbrera "se propaga rápidamente" y que una importante unidad académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Bromatología, "también rechazó los fondos de Alumbrera".

Previo a la votación que marcó el rechazo se leyó una nota enviada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú donde calificaba de "inmoral y falta de ética la aceptación de los fondos provenientes de estos emprendimientos contaminantes y saqueadores" y la exhortaba a la Facultad –que tiene su sede en Gualeguaychú- a rechazarlos, algo que finalmente ocurrió.

Hoy jueves 24 se reúne nuevamente el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos para volver a analizar si rechaza los fondos, tras haberlos aceptado en una sesión anterior. El encuentro se concretará en Villaguay.

El Dr. Raúl Montenegro, Premio Nóbel Alternativo 2004, envió una nota para que sea leída en el Consejo Superior de la UNER esta tarde. Indica que de rechazarse los fondos "no solo será la primera universidad nacional que lo haga, sino que habrá escrito una página histórica y ejemplar de coherencia, debate y responsabilidad social" (ver abajo el texto completo de la nota).

Universidades que reciban los fondos podrían ser acusadas de "lavado de dinero".

Montenegro recordó que el Fiscal Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, "abrió la posibilidad de acciones legales a las universidades que aceptaron los fondos si el Vicepresidente Primero de Alumbrera Limited, Julián Patricio Rooney, es condenado por la Justicia Federal". De ocurrir esta situación, el Fiscal Federal considera que aquellas personas que hubieran decidido recibir los fondos de YMAD podrían ser eventualmente imputadas por "lavado de dinero" conforme a los Artículos 277 y 278 del Código Penal. Cabe señalar que Rooney está procesado por violación al Artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051, y que próximamente comenzará su juicio oral y público.

Empresas mineras que violan derechos humanos y degradan el ambiente.

El Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología (UNC), recordó que Minera La Alumbrera "contamina el ambiente de cuatro provincias Argentinas". Agregó que el dinero procedente de YMAD "está teñido de sangre y de degradación ambiental porque Alumbrera Limited es gerenciada por Xstrata Copper, Goldcorp Inc y Yamana Gold, tres corporaciones que han violado derechos humanos, derechos laborales y degradado el ambiente en muchos países. Llegan, destrozan cuencas hídricas, exportan minerales en bruto y se van, son corporaciones golondrina que dejan además peligrosos pasivos ambientales".

El Dr. Raúl Montenegro se mostró "profundamente satisfecho" con la decisión de Bromatología porque "multiplica la revolución ética impulsada por docentes, no docentes y estudiantes de muchas universidades argentinas. Ya nada será igual después de los rechazos ejemplares que aprobaron varias facultades en las Universidades Nacionales de Córdoba, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires y de la Patagonia San Juan Bosco. El silencio ha sido definitivamente roto.

La Facultad de Bromatología se sumó a otras tres facultades de la UNER que ya habían rechazado los fondos de Alumbrera.

El rechazo de los fondos de minera Alumbrera que aprobó el martes 22 de septiembre por la noche el Consejo Directivo de la Facultad de Bromatología se agrega a otros tres rechazos aprobados en la UNER: Facultad de Trabajo Social, Facultad de Ciencias de la Comunicación, y Facultad de Ingeniería.

Este año el monto alcanza los 36,8 millones de pesos y para el año 2008 fueron 50 millones de pesos. "Muchas universidades querían recibir esos fondos en silencio aunque vinieran de una empresa minera que violó derechos humanos y degradó el ambiente, y cuyo vicepresidente está procesado en la Justicia Federal", indicó Raúl Montenegro.

FUNAM difundirá por Internet los listados de quienes integran los Consejos Superiores de universidades nacionales para que la sociedad sepa, con nombre y apellido, quienes votaron a favor y quienes en contra de recibir los fondos de Alumbrera.

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) lanzó un sitio en internet "para mostrar el debate que se está dando en las universidades nacionales y cómo crece esta rebelión que une a docentes, no docentes y estudiantes". Su dirección es:
noafondosalumbrera.blogspot.com

Las cifras detrás del escándalo universitario.

Alumbrera es explotada por una unión transitoria de empresas integrada por YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) y Alumbrera Limited.

Minera Alumbrera Limited "opera desde 1997. Consume 4 millones de litros de agua por hora, es decir más de 65.000 litros de agua por minuto. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25% de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87% del consumo total de la provincia de Catamarca", señaló el Dr. Raúl Montenegro. Agregó que "ya en 1999 se detectaron drenajes ácidos mineros desde Alumbrera. Estos drenajes son la peor amenaza de la minería. No solo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo".

FUNAM informó que la mina "no solamente contamina en Catamarca sino que ha exportado su contaminación a Tucumán, donde llega el mineraloducto de 316 kilómetros de largo. Allí el concentrado de mineral es secado, y los líquidos residuales se vuelcan al canal DP2 que descarga sus aguas en el río Salí y por lo tanto en el Dique Frontal de Río Hondo en Santiago del Estero". La planta descarga gran cantidad de residuos sólidos con metales pesados y otras sustancias tóxicas. Juan González, ex director de Ambiente del gobierno de Tucumán, indicó cada hora llegan a Tucumán "más de 70.000 Kg de material sólido, equivalente a 70 toneladas por hora. Este material sólido, con todos los contaminantes químicos asociados, se deposita en el fondo del canal DP2 y eventualmente en el dique de Termas de Río Hondo. Se debe aclarar que en estos sólidos también estarían incluidos elementos que nunca se han analizado, como tierras raras y radiactivos".

Para mayor información contactar a:

Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo
Presidente de FUNAM
Profesor Titular Facultad de Psicología UNC
Teléfono fijo: 03543-422236
Teléfono celular: 0351-155 125 637
Email: raulmontenegro@flash.com.ar

Facundo Silva
Facultad de Trabajo Social UNER
Teléfono celular: 0343-154 700 212
Email: facundosilva@arnet.com.ar

Encargada de prensa de FUNAM:
Nayla Azzinnari
Teléfono celular: 011-155 460 9860
Email: nay_azz@hotmail.com

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Informe presentado ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) solicitando se rechacen los fondos

Nota: El Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) aceptó los fondos procedentes de minera La Alumbrera y rechazó el pedido de revisión de la medida propuesto por el Centro de Estudiantes.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009
Sr. Rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento
Licenciado Silvio Feldman
Sres. Consejeros Superiores

De nuestra mayor consideración

En el marco del proyecto “Actores sociales, demandas de derechos y espacios de ciudadanía en la Argentina Contemporánea” del área de sociología del Instituto de Ciencias, hemos desarrollado una investigación acerca de “Los conflictos socioambientales alrededor de la minería a cielo abierto en Argentina”. Como producto de esta investigación, y en articulación con otras tres universidades nacionales, a principios del corriente año hemos publicado el libro colectivo “Minería Transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”, en el que se presentan los principales hallazgos de distintos grupos de investigación que analizan esta problemática.

Dicho libro aporta información y análisis de una temática –la megaminería a cielo abierto- muy poco conocida, tanto al interior de la sociedad argentina como de la comunidad universitaria. Asimismo, propone un análisis crítico de las formas que adopta el discurso hegemónico y los nuevos mecanismos de expropiación y dominio en torno a la megaminería a cielo abierto, así como da cuenta de las luchas y resistencias que, bajo la forma de asambleas de autoconvocados, y en total asimetría de poder, se han venido generando en el país en contra de este supuesto “modelo de desarrollo”, cuyo resultado parcial ha sido la sanción de leyes que prohíben este tipo de minería en siete provincias argentinas. Por último, en dicho libro planteamos la necesidad de abrir la discusión –académica y pública- sobre las consecuencias del actual modelo minero, y subrayamos la embestida de las corporaciones multinacionales, que de las más variadas formas hoy recurren a las Universidades públicas, en busca de la legitimación de un modelo que es rechazado por comunidades pertenecientes a doce provincias.
Con gran preocupación, hemos seguimos atentamente el debate público abierto en torno de la aceptación o rechazo de la distribución de fondos de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) a las universidades nacionales, aprobados por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) para el año 2008 y 2009.

Como investigadoras de esta Universidad, deseamos pronunciarnos públicamente por el rechazo de esos fondos, frente al inminente debate que se realizará en el Consejo Superior de la UNGS, amparándonos en una línea argumental que abarca cinco puntos fundamentales.
1- Las características de la megaminería transnacional a cielo abierto

2- La historia de violaciones de derechos humanos y ambientales por parte de La Alumbrera y su actual procesamiento por parte de la Justicia Federal

3- Las características de la ley 14771 que estipula la distribución de los fondos a las Universidades Nacionales

4- La resistencia de las poblaciones afectadas

5- El rol de la Universidad Pública.

Esperamos que este documento aporte al debate que, al igual que en distintas casas de estudio de nuestro país, han llevado adelante agrupaciones de estudiantes, docentes investigadores, no docentes y autoridades.

Maristella Svampa
Lorena Bottaro
Marian Sola Álvarez
1- Las características de la megaminería transnacional a cielo abierto:[1]

La Argentina no posee un pasado minero importante, como efectivamente sucede con otros países latinoamericanos, tal es el caso de Chile, Bolivia y Perú. Sin embargo, debido a las posibilidades de explotación que ofrecen las nuevas tecnologías, en la actualidad nuestro país ocupa el sexto puesto en el mundo en cuanto a su potencial minero, y los informes consignan que el 75% de las áreas atractivas para la minería todavía no han sido sometidas a prospección. No obstante, pocos argentinos están al tanto de que la actividad minera proyecta extenderse por toda la larga franja cordillerana y precordillerana y a los sistemas serranos pampeanos, desde el norte del país hasta el extremo sur de la Patagonia. Es un modelo que, de implementarse, abarcaría doce provincias y, de manera indirecta, quince provincias, con un total de más de 400 proyectos en diversos grados de avance.

En primer lugar, estamos hablando de “megaminería” metalífera; esto es, de minería a gran escala orientada a la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales estratégicos. Así, a diferencia de otros países (como Bolivia), en los cuales coexisten la pequeña y mediana minería con la gran minería; en Argentina, el tipo de minería llevada a cabo (a cielo abierto) viene asociada con la minería a gran escala. De este modo, la utilización de recursos es mayor y, por ende, también los impactos económicos y socio-ambientales.

El rasgo particular de este tipo de minería a cielo abierto, diferente de la tradicional, es que implica niveles aún mayores de afectación del medio ambiente (voladura de montañas enteras, utilización de grandes cantidades de agua y energía, procesos de lixiviación con sustancias químicas), que generan gravosos efectos socio-ambientales y colisionan directamente con las economías locales y las formas de vida de las comunidades involucradas, generando cuantiosos pasivos ambientales. Así, por ejemplo, para el caso del agua, Minera Alumbrera ha obtenido del gobierno de Catamarca un permiso de extracción de 1200 litros por segundo (alrededor de 100 millones de litros por día) de una reserva natural de agua fósil, ubicada en Campo del Arenal. (Machado Aráoz, 2009: 209). En el año 2003 el consumo de electricidad de Minera Alumbrera fue de 764,44 GW, cuando el total del consumo de la provincia de Catamarca llegó a 450.16 gw. Según datos recientes, La Alumbrera estaría consumiendo el equivalente al 25% de la energía del NOA.
Si las implicaciones socio-ambientales son ciertamente gravosas y nos colocan ya en el centro de un paradigma extractivista, sumamente cuestionado desde diferentes vertientes del pensamiento (ecología política, indigenismo, economía social), a esto hay que añadir que lejos también estamos de asistir a la expansión de un modelo “nacional” de desarrollo. Antes bien, en nuestro país la expansión y control de la nueva megaminería a cielo abierto es potestad exclusiva de las grandes empresas transnacionales, gracias al marco regulatorio sancionado en los ´90, y confirmado por las sucesivas gestiones (desde Carlos Menem, pasando por Néstor Kirchner, hasta Cristina Fernández de Kirchner). Fue efectivamente durante la presidencia de Carlos Menem, fundamentalmente a partir del año 1993 que se aprobaron una batería de leyes nacionales en las que se establecieron un conjunto de medidas que consistieron básicamente en la autoexclusión del Estado para llevar a cabo la actividad minera y en el otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional. Algunos de los ellos son los siguientes:

-Estabilidad fiscal por 30 años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, exención al descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años, en cuanto al pago de regalías, se establece un porcentaje máximo del 3% al valor boca mina declarado por la empresa (y del cual descuenta los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación), exención a las empresas del pago de retenciones por exportaciones, del impuesto al cheque y a los combustibles líquidos. Asimismo, se estableció la no obligación de liquidar divisas en el país.

Este modelo de transnacionalización encontró continuidad en la política de N. Kirchner, quien hace unos años (2004) lo declaró un “objetivo estratégico”. El gobierno de Kirchner avanzó incluso en la exención total de IVA para la minería y otros puntos estratégicos para el desarrollo del sector minero. La continuidad de la política, el involucramiento de la estructura del Estado nacional, y por supuesto, el compromiso aún mayor de sus homólogos provinciales, demuestran hasta qué punto este tipo de minería se ha convertido en Política de Estado. Un ejemplo por demás elocuente de ello es el veto presidencial (fines de 2008) a la ley de protección de los glaciares (ley 24.618), votada por una amplia mayoría del Congreso Nacional, y que constituye de parte del actual gobierno un claro gesto de apoyo a los intereses de la minería transnacional, en este caso en favor de la compañía Barrick Gold, quien a través del proyecto binacional Pascua-Lama, compartido con Chile, se encamina a desarrollar una explotación de oro y plata sobre los glaciares de altura en la región cordillerana.

En esta línea de lectura, podemos afirmar que el núcleo duro del modelo minero argentino está compuesto por las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca y Santa Cruz. Estas provincias se constituyeron en las pioneras del modelo minero: en efecto, tanto J. L. Gioja, actualmente gobernador de San Juan, y Angel Mazza, exgobernador de La Rioja, fueron los impulsores de las leyes mineras en los ´90.

La minería a gran escala suele combinarse con la tipología del enclave, muy presente en la historia de América Latina, e inextricablemente ligadas al modelo extractivo. Un tema que suelen minimizar los informes de impacto ambiental de las compañías mineras es que este tipo de minería entra en competencia con otras actividades económicas regionales (Agricultura, ganadería), por los mismos recursos (tierra y recursos hídricos). En este contexto, las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (movimientos campesinos, organizaciones indígenas y asambleas de autoconvocados) y lo global (empresas multinacionales) se exacerban: las grandes empresas tienden concentrar un número importante de actividades, compitiendo y subalternizando la economía del lugar hasta conformar enclaves de exportación. El peso económico de estas empresas es tal que no resulta extraño que los intereses de las corporaciones atraviesen y hasta sustituyan al Estado, menospreciando y/o violentando procesos de decisión ciudadana. Por otro lado, la relación entre tipología de enclave y deterioro de los derechos civiles expresa la tendencia a la territorialización de los conflictos, a partir de los cuales éstos quedan librados a la intervención de la justicia y los entes municipales y/o provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad es mayor que el de sus homólogos nacionales. La implementación del modelo tiende, por ende, a ser acompañada por políticas represivas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social, algo que comienza a percibirse en nuestro país, muy especialmente en provincias como La Rioja, San Juan, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y, más recientemente, Neuquén.
2- La historia de violaciones de derechos humanos y ambientales de parte de Minera Alumbrera

El yacimiento Bajo La Alumbrera, constituye un caso testigo, dado que estamos frente al mayor emprendimiento minero de la Argentina, y el primero de estas características en el país. La explotación de la Alumbrera, que se inició en 1997, es operada por la compañía suiza Xstrata, la cual posee el 50% de la inversión, mientras las empresas canadienses Goldcorp y Northern Orion Resources, cuentan con el 37,5% y el 12,5% respectivamente. Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional. YMAD constituyó una unión transitoria de empresas (UTE) para la explotación del yacimiento, y recibe actualmente el 20% de las utilidades. El yacimiento que hoy explota la empresa Minera Bajo la Alumbrera es uno de los que desde 1958 integra la Zona Abel Peirano (farmacéutico descubridor del yacimiento. Egresado de la Universidad Nacional de Tucumán que luego de empadronarlos a su nombre los testó a favor de la casa de estudios). En 1958, la Provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad del yacimiento por vía judicial, con manifestaciones populares y la toma de la Casa de Gobierno, sucesos que llevaron al derrocamiento del interventor federal Adrián Pérez y de su sucesor, Daniel Parodi. Finalmente, en 1958, durante el gobierno de facto de Juan Manuel Salas, con la mediación del gobierno nacional, se conformó YMAD, una empresa interestatal de derecho privado integrada por la Universidad Nacional de Tucumán y la provincia de Catamarca, cuyo presidente es designado por el Estado Nacional. En 1991 YMAD llamó a licitación pública internacional para realizar los estudios de factibilidad con la opción de explotación del yacimiento. En 1992 la tarea fue adjudicada a la única compañía oferente, la canadiense Musto Explorations que finalizó la etapa en 1995. En 1994, Musto transfirió la mayoría de sus acciones a un grupo de inversores australianos y canadienses de las empresas MIM, Río Algond y North que conformaron una Unión Transitoria de empresas (UTE) constituyendo la compañía que explota Bajo la Alumbera. Esta UTE fue la que inició la construcción y explotación del emprendimiento. Por otra parte, YMAD conformó con Minera Alumbrera otra UTE por lo cual recibe el 20% de las ganancias de explotación.[2]

El emplazamiento de la mina involucra instalaciones que se extienden a lo largo de cuatro diferentes jurisdicciones provinciales: Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe. En el departamento Belén, provincia de Catamarca, se encuentra la mina propiamente dicha: el open pit o “tajo abierto” que actualmente tiene una dimensión aproximada de 2.000 metros de diámetro por 800 metros de profundidad, conformado en escalones de 17 metros de altura; el dique de colas, constituido como un virtual lago artificial con base en una presa de 30 metros de altura y con una superficie aproximada de 2,5 kilómetros, donde se depositan los barros residuales que salen de la planta de procesamiento. También allí cuenta con un aeropuerto propio y dos campamentos mineros, conformados por ocho módulos de tres pisos y con una capacidad total de 1.100 habitaciones. En su conjunto, el espacio de la concesión minera abarca alrededor de 600 hectáreas y las restantes instalaciones permanentes, 5.815 hectáreas (Machado: 2009). Recordemos que el yacimiento se encuentra en Catamarca, en el noroeste del país, pero el concentrado es transportado en un mineraloducto de 316 kilómetros, que llega hasta la provincia norteña de Tucumán, atravesando poblaciones y lechos de río. Después de su tratamiento y una vez obtenido los metales, éstos son transportados por un ferrocarril propio (el tren azul) hasta las instalaciones portuarias (también propias) de San Lorenzo, en Santa Fe, distante a ochocientos kilómetros.

Las consecuencias sociales y ambientales que ha producido La Alumbrera son numerosas y trascienden la provincia de Catamarca. Durante los últimos años, los vecinos de las diferentes asambleas han venido realizando distintas denuncias sin que las autoridades –judiciales y políticas- tomaran cartas en el asunto. Retomando textualmente a Machado Aráoz (2009), entre éstas se encuentran:
• La ocurrencia de sucesivas roturas y derrames en el mineraloducto.[3]

• El papel de pasividad y connivencia desempeñado por las autoridades provinciales ante los mencionados derrames.[4]

• Las denuncias radicadas ante la justicia federal por el director de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, Juan Antonio González, por la posible contaminación provocada por Minera Alumbrera a través de los derrames del mineraloducto y el vertido de efluentes líquidos de su planta de filtrados al canal DP2. [5]
• Las denuncias de la comunidad diaguita-calchaquí de Tafí del Valle sobre la deforestación, la contaminación del aire por radiación y la destrucción de cementerios indígenas a raíz de las obras del electroducto.
• La publicación de la tesis del ingeniero Héctor Nieva, constatando la existencia de filtraciones en el dique de colas de Minera Alumbrera, que pone en riesgo de contaminación toda la cuenca del río Vis Vis-Amanao. [6]
• El descubrimiento de enterramientos clandestinos de concentrados minerales en la zona de Alpachiri, Tucumán, denunciados por la Federación Ambiental de Tucumán. [7]
• Las denuncias del defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero de contaminación en el Dique Frontal de Termas de Río Hondo provocada por Minera Alumbrera.[8]” (Fin cita de H. Machado Aráoz)

Estas últimas denuncias serían reactivadas recientemente por el Fiscal General de Tucumán, A. Gustavo Gómez. De este modo, a mediados de 2008, la compañía La Alumbrera sería procesada por la Justicia Federal de Tucumán, por “daños de contaminación peligrosa”, constituyéndose en el primer fallo en Latinoamérica contra una empresa minera.

De manera sugestiva, la provincia que sufrió más tempranamente el “efecto La Alumbrera” fue Tucumán, la sede comercial de La Alumbrera, y la única del norte argentino que ha prohibido la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. El proceso ligado a la legislación del no tuvo avatares similares al de otras provincias del centro, esto es, signado por avances y retrocesos. Como consigna La Gaceta de Tucumán, en noviembre de 2005 la Legislatura de esa provincia había sancionado una ley que prohibía la minería con cianuro y mercurio en los procesos de extracción, explotación, preparación, almacenamiento e industrialización de minerales metalíferos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo provincial vetó la ley, basándose en un informe de la Dirección de Recursos Energéticos y Minería de la provincia, en el que se consignó que la limitación podría dejar a Tucumán al margen de la producción de minerales metalíferos (La Gaceta, 18 de diciembre de 2005). Finalmente, en abril de 2007, se sancionó la ley que impide la exploración, prospección y explotación minera a cielo abierto y prohíbe el uso de cianuro y mercurio para la actividad. Las declaraciones del gobernador de Tucumán, quien dos años antes había vetado esa misma ley, son más que elocuentes:

¿Cuánto vale la vida humana? No importa que se pierdan 500 millones de pesos en inversiones, la vida humana no tiene precio. Es una buena ley para los tucumanos. (José Alperovich, gobernador de Tucumán, luego de la sanción de la ley contra la minería tóxica, julio de 2007, primerafuente.com.ar)

¿Cuáles fueron las razones que impulsaron esta ley en la provincia en la cual se halla la sede de La Alumbrera, de cuyas ganancias participa la Universidad Nacional de Tucumán?: la norma, que fue impulsada originalmente desde la Comisión de Ecología de la Legislatura, tuvo entre sus principales causas las reiteradas denuncias por contaminación ambiental existentes en los emprendimientos mineros de este tipo, especialmente la muy cercana Minera Alumbrera y las posibles explotaciones que podrían realizarse en la provincia. […] “Si bien en Tucumán no existe la minería metalífera en gran escala, existen varios trámites y cateos (exploración de terrenos rastreando vetas mineras) de oro y cobre en la zona de la Quebrada de Lules y en la zona de los valles. Afortunadamente, ahora ninguno de ellos prosperará para la preservación del medio ambiente y el negocio de firmas internacionales mineras”, expresó el presidente de la comisión legislativa. El parlamentario opositor reconoció el apoyo otorgado por el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, para que el Poder Ejecutivo desista de vetar la norma “pese a las presiones empresariales existentes” (www.primerafuente.com.ar).
Dos factores contribuyeron sin duda a la construcción del camino del no a la megaminería en Tucumán. Por un lado, las consecuencias que trajeron aparejados el mineraloducto y el electroducto de la Minera Alumbrera, que llega hasta la provincia; por otro, el anuncio, en 2005, de la empresa Xstrata, operadora de La Alumbrera, sobre el interés de explorar las reservas mineras en la zona suroeste de Tafí del Valle. Como afirma un documento de la Comisión Intersectorial Pro Reserva de la Biosfera Tafí del Valle, que data de 2004, “el tema minero no es nuevo en Tafí del Valle”.
Las primeras señales de alarma aparecieron cuando empezaron los estudios para el trazado del mineraloducto y del electroducto que debían transportar el barro mineralizado desde la mina hasta la plata de secado en Tucumán, el primero, y la energía eléctrica (200 KW) desde Tucumán a la mina, el segundo. Fueron los propietarios privados ubicados a lo largo de las trazas de ambos ductos (260 kilómetros de extensión aproximadamente cada uno) quienes hicieron escuchar sus reclamos por la invasión de sus propiedades sin ningún tipo de autorización, pero lógicamente con la anuencia y la complicidad de las autoridades competentes. Como consecuencia de ello, los propietarios y algunos representantes comunitarios y de empresas privadas se agruparon a través de la Federación Económica de Tucumán e iniciaron una serie de reuniones conjuntamente con representantes de la Legislatura tucumana, la Defensoría del Pueblo, de YMAD, de Minera Alumbrera y otras instituciones para buscar una solución al problema. Todo fue inútil. La empresa desarrolló un plan de dilaciones vergonzoso, cambiando continuamente sus interlocutores y sus mensajes, mientras continuaba con la ejecución de las obras. (Comisión Intersectorial Pro Reserva de la Biosfera Tafí del Valle, www.minesandcommunities.org/Action/press512.htm).
Lo cierto es que los pobladores y, especialmente las comunidades indígenas, como lo indica el convenio 169 de la OIT –reconocido por la Constitución argentina–, no fueron consultadas, ni tampoco han recibido algún tipo de reparación por el daño producido. El tendido del electroducto produjo diversos perjuicios, entre ellos, al patrimonio arqueológico, a la actividad turística –por los daños producidos al paisaje–, la pérdida de biodiversidad a causa de la tala salvaje de selvas de las yungas destinada al paso del ducto, en una franja de 17 kilómetros de largo por 60 metros de ancho. Con este motivo, la comunidad diaguita calchaquí de Tafí del Valle, una de las más afectadas, realizó denuncias sobre deforestación, contaminación del aire por radiación y destrucción de cementerios indígenas. En cuanto al mineraloducto, “dejó su huella de destrucción a lo largo de su traza. Hubo una ruptura en un tramo del mismo en la provincia de Tucumán, con el consecuente derrame de material contaminante, el mismo fue retirado por la empresa pero fue depositado en una finca vecina, motivo por el cual se inició un expediente con la intervención de la Dirección de Medio Ambiente de la provincia. La provincia de Santiago del Estero demandó judicialmente a la de Tucumán por la contaminación con minerales pesados de las aguas del Dique Frontal Termas de Río Hondo, que se continúa aguas abajo hasta la laguna de Mar Chiquita, a partir del volcado de material de la planta de secado que la empresa tiene en la localidad de Cruz Alta, en el canal DP2 que desemboca en el dique” (ibídem). Por su parte, la comunidad de Tafí del Valle solicitó a la Universidad Tecnológica Nacional un análisis del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, lo que, sumado a una solicitud de la Dirección de Saneamiento Ambiental de la provincia de Tucumán, devino en la creación de un grupo de trabajo integrado por esa dirección, la Dirección de Energía de la provincia de Tucumán, el grupo de estudio sobre energía y el Departamento de Elecrotecnia dependiente de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, que se expidieron aconsejando que “no se otorgue por parte de la provincia el certificado de aptitud ambiental exigido por ley provincial 6.253 en su artículo 18, que se da intervención a la Secretaría de Energía de la Nación para el tratamiento de la problemática” (ibídem).
Por otro lado, en 2005, frente a los anuncios realizados en los medios de comunicación por parte de directivos de Xstrata, operadora de Minera Alumbrera, sobre el interés de explorar las reservas mineras en la zona suroeste de Tafí del Valle, la Comisión Intersectorial Pro Reserva de la Biósfera declaró el “alerta ambiental”, aduciendo además que se encontraba en estado parlamentario el proyecto de ley de área protegida Valles del Tucumán, que declara la incompatibilidad de la actividad minera en gran escala. Finalmente, en 2006, por ley 7.801, se creó el área protegida Valles Calchaquíes Tucumanos, que comprende el departamento Tafí del Valle, con sus dos valles: el valle de Tafí y el valle calchaquí tucumano, y el área montañosa del oeste provincial que los enmarca: las sierras del Aconquija, las cumbres calchaquíes y las sierras del Cajón. Como consigna el Ministerio de la Producción de la provincia: El área guarda no sólo restos y yacimientos arqueológicos, históricos y prehistóricos, de un extenso período que arranca hace casi diez mil años atrás, sino asimismo un acervo cultural precolombino viviente. El patrimonio y los recursos naturales actuales y potenciales no son menos importantes, con numerosas especies emblemáticas de prioridad de conservación, numerosas especies endémicas y especies de alto valor ambiental, científico y económico. El patrimonio paleontológico es asimismo importante. Es el área de resguardo, nacimiento y regulación del régimen hídrico de la cuenca Salí-Dulce, la cuenca endorreica más grande Sudamérica y con mayor diversidad biológica, cuyo origen en un 95% se encuentra en el departamento Tafí del Valle. (www.producciontucuman.gov.ar/areasnaturales.asp)
Podemos concluir que estamos lejos de una minería “socialmente responsable”, pese a las declaraciones grandilocuentes de la empresa La Alumbrera, reflejadas en su sitio web, acerca de la “responsabilidad social empresarial”. Para resumir, la Alumbrera no sólo no consultó a las poblaciones afectadas (licencia social), sino que de manera reiterada ha buscado minimizar los daños y silenciar a las poblaciones, con la complicidad de las autoridades provinciales y nacionales. Ciertamente, la responsabilidad social empresarial forma parte de un dispositivo mas amplio, que apunta a instalar y legitimar el nuevo modelo extractivista. Hacia afuera, las empresas se orientan a desarrollar vínculos estrechos con instituciones, Universidades privadas y públicas, a partir de convenios y subsidios, al tiempo que desarrollan una intensa publicidad en los más diversos medios de comunicación, en el marco de un discurso que subraya la opción por una “minería responsable”. Hacia adentro, en relación a las comunidades en las cuáles se desarrolla la actividad extractiva, sus efectos son aún mayores, en la medida en que sus intervenciones focalizadas y el entramado que generan, introducen cambios sustantivos en el plano de la ciudadanía. Así, puede establecerse que en aquellos contextos en los que se implanta habitualmente la actividad minera (matrices socio-políticas jerárquicas, pequeñas localidades, escasa diversificación económica; debilidad institucional), las grandes empresas tienden a convertirse en un actor social total. En efecto, en primer lugar, tienden a reconfigurar bruscamente las economías locales preexistentes, reorientando la actividad económica de la comunidad en función de la minería, y creando nuevos enclaves de exportación; en segundo lugar, producen un impacto negativo en términos ambientales y sanitarios, que repercute sobre las condiciones de vida de la población. En tercer y último lugar, a través de la llamada Responsabilidad Social Empresaria, las empresas tienden a ampliar su esfera de acción, convirtiéndose en agentes de socialización directa, mediante una batería múltiple de acciones sociales, educativas y comunitarias. Un informe especial de Foco (Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos) sobre las empresas transnacionales en Argentina, firmado por R.Ortiz (2008), consigna “Las organizaciones sociales han constatado que las grandes mineras en Catamarca, Tucumán, San Juan y Chubut efectúan donaciones a escuelas y hospitales de esas provincias tratando de provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades. Esto ha sido corroborado por el Defensor del Pueblo de la Nación, quien manifestó su preocupación porque estas donaciones están acompañadas por una contrapartida publicitaria a favor del trabajo desarrollado por las empresas mineras, pudiendo este simple hecho llegar a inhibir toda posible crítica y, aún más, restringir la participación y el ejercicio de la población en la defensa de los derechos ambientales que consideren afectados" (cursivas nuestras).
En Argentina, el caso de la minera La Alumbrera, en Catamarca-Tucumán, constituye uno de los ejemplos más ambiciosos, en los cuales las empresas asumen su condición de agente socializador, apuntando así a un control general de la producción y reproducción de la vida de las poblaciones.
3- Las características de la ley 14771

Para aquellos que apuntan a disociar la cuestión ética (el carácter contaminante de la megaminería a cielo abierto; la destrucción de economías locales, el avasallamiento de los derechos de las comunidades y las poblaciones) y argumentan que las Universidades Públicas están obligadas a aceptar por ley los fondos provenientes del YMAD, aconsejamos leer este artículo de Horacio Machado Aráoz, acerca de los avatares de la ley 14771, que procedemos a citar:

“La sanción de la ley 14771 por la que se crea YMAD se da como resolución a las disputas generadas entre la provincia de Catamarca y la UNT por los derechos de explotación de los yacimientos. En 1956 se produce una primera pueblada en Catamarca rechazando los intentos de la Intervención Federal ordenada por la dictadura del '55 de concesionar los yacimientos para su explotación a la minera británica Nacional Lead Limited, movilización tras la cual se dio marcha atrás con ese intento que no se concretó.

Luego en el '58, Aramburu firma el decreto ley 270 por el que acuerda la creación de un instituto dependiente de la universidad de Tucumán para la explotación de Aguas de Dionisio. Eso generó otra reacción popular producida entre el 12 y el 13 de marzo de 1958 en repudio a la decisión del gobierno nacional de lo que se entendió una 'entrega' del patrimonio provincial. Tras la pueblada, el gobierno nacional deja sin efecto el decreto ley y dispone esperar una resolución sobre el tema tras la constitución del nuevo gobierno.Ya bajo la presidencia de Frondizi, se gesta y se sanciona la famosa ley 14771, la que viene a saldar la discusión sobre cómo se determinarían los derechos concurrentes de la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán sobre los yacimientos y se establecería la modalidad de la distribución de los beneficios de la explotación.
En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley estaba claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos y la ley establece un acuerdo a través de la creación de YMAD con el objeto de "realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objetivo principal." (Art. 1ª de la Ley).

Al mencionar expresamente cada una de las etapas del proceso minero se está indicando la voluntad expresa de la Ley de que sea Ymad el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos. En los considerandos de los diputados de la provincia durante las sesiones de su aprobación, se pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos.

Por lo demás esto se pone muy claramente en el posteriormente 'problemático' artículo 5 de la ley que dice: "YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales."
Los términos de la ley son muy claros. La idea era 'cerrar las puertas al imperialismo' impidiendo que las empresas extranjeras participaran de algún modo en la explotación de los yacimientos. Los alegatos de la sesión están llenos de referencias a la 'preservación de la soberanía nacional' y a impedir que las empresas extranjeras se queden con el beneficio de las explotaciones.Centro de las pujas políticas sobre la cuestión minera, el artículo 5 de la Ley 14771 sería objeto de sucesivas reformas, ya derogatorias por gobiernos liberales, ya restauradoras por gobiernos 'nacionalistas'.
La primera modificación se hace bajo la presidencia de Onganía: por pedido de Krieger Vasena. En su solicitud, Krieger Vasena afirma: "el art. 5ª de la ley de creación de YMAD claramente impide la intervención de personas o capitales ajenos a YMAD en la explotación de sus yacimientos, lo que hace imprescindible su modificación para obviar la prohibición referida que no condice con los objetivos fijados en el anexo III del Acta de la Revolución Argentina". (cit. por Pastoriza, 2008: 62). Así se dicta la Ley 17819 con el único objeto de modificar el artículo 5ª por el siguiente texto: "YMAD podrá, previa aprobación del P.E.N., transferir los derechos de propiedad, posesión y los que deriven de la concesión minera que se le acordara por la provincia de Catamarca. Podrá asimismo celebrar convenios con personas físicas, o de existencia ideal privadas, públicas o mixtas, sean nacionales o extranjeras, a los fines de la exploración o explotación total o parcial de los yacimientos de su distrito minero.".
En el marco de esa ley se impulsó la firma de un contrato entre YMAD y la Compañía Andina Cities Service S.A. que concedía los yacimientos de Ymad por un término de 50 años a cambio de un pago de U$s dos millones por todo concepto, libre de impuestos y con plena libertad de transferencia de remesas al exterior. Ese contrato finalmente no prosperó.

Con el retorno de Perón, el 'artículo de la discordia' vuelve a ser puesto en vigencia tras una ley presentada a iniciativa de Vicente Saadi y que se sanciona como Ley 21204 en el año 1975. La ley simplemente restituye el texto original del artículo 5ª de la Ley 14771, señalando que el decreto ley 17819/68 "tiene un vicio original al emanar de un grupo usurpador que se arrogaba atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación. Lleva también otro grave vicio de fondo, pues su artículo 1ª es vehículo para que se infiltren contratos lesivos a la soberanía nacional.." (cit. por Pastoriza, 2008: 73).

Esa ley dura hasta la dictadura militar. Martínez de Hoz impulsa la reforma del Código de Minería impulsando la promoción de la inversión extranjera para el desarrollo de las explotaciones mineras. El código de minería se reforma por la ley Nª 22259 "con el objeto de alentar la minería en gran escala y para lo cual prevé la exploración y/o explotación de yacimientos por terceros."
Luego de la reforma del Código, se sancionó la ley 22384 que, una vez más, tiene el único objeto de sustituir el artículo 5ª originario permitiendo la celebración de convenios y la transferencia de derechos a terceras personas físicas y o jurídicas, nacionales y /o extranjeras. Es bajo la vigencia de esta ley que se firmará luego, en el año 1994 el contrato por el que se conforma la Unión transitoria de Empresas entre YMAD y Minera Alumbrera Ltd. y la que permite actualmente su explotación por parte del holding de empresas transnacionales lideradas hoy por Xstrata Cooper.
Entonces, se modificó sucesivamente el centro neurálgico de la ley, objeto de disputa entre las posturas del desarrollismo nacional y las posiciones liberales proclives al capital extranjero, pero permaneció el 'famoso' artículo 18 que era el que establecía las formas de distribución de los beneficios de una explotación que no se pensó nunca a esta escala y que tampoco se pensó fuera capitalizada por capitales extranjeros.

En el marco de las actuales condiciones de operación de las empresas mineras, donde el Estado no tiene un rol de fiscalización real de sus transacciones y éstas se toman a partir de la simple declaración jurada de la firma que controla la explotación, decir que se verifica una 'distribución de las ganancias' a través de lo previsto en el art. 18 de la Ley 14771 es cuanto menos una ingenuidad. Esas 'utilidades' se empezaron a repartir recién en el 2008, a DIEZ años de inicio de la fase de explotación!! Cuando con todos los beneficios fiscales y comerciales que las leyes de los '90 concedieron a las mineras éstas se aseguraron tasas de retorno inéditas entre los países mineros, según lo verifica el Instituto Frazer y el College of Mines de Colorado (Usa) que sitúa a nuestro país entre los 3 primeros en tasas de retorno para proyectos de cobre.
Las universidades no pueden sin más aceptar la 'plata de la repartija' desentendiéndose del espíritu originario de la ley, de las modificaciones sucesivas y de los sustanciales cambios en las condiciones y circunstancias en las que actualmente se llevan a cabo las explotaciones mineras a gran escala. Mientras que originariamente el reparto de los beneficios de esos yacimientos (que se pensó dirigido y controlado por el estado) a las universidades tenía el sentido de que éstas eran la sede del 'desarrollo científico y tecnológico' ligado a un proyecto de 'desarrollo nacional', celosamente 'cuidado' de los intereses extranjeros, actualmente ese reparto se da en un contexto de lisa y llana disolución de una idea tal, en el marco de una inusitada extranjerización y primarización de la estructura productiva del país y del creciente control que ejercen los grandes capitales transnacionales sobre los 'recursos naturales' estratégicos del país. En ese marco, aceptar estos fondos es, ya abierta, ya veladamente, asumir la peligrosa senda de 'mercantilización' de la universidad pública y de encubierto vaciamiento de la misma como nodo productor de conocimientos al servicio de la 'nación'.” (Fin de la cita, cursivas nuestras).

4-La resistencia de las poblaciones al modelo minero

En 1997, en Catamarca entró en producción el megaproyecto La Alumbrera, pero fue en la localidad chubutense de Esquel, donde la megaminería encontró un primer gran escollo, que ningún manual de “responsabilidad social empresarial” había previsto. Allí, luego de conformar una asamblea multisectorial en la cual se destacaban grupos de profesionales, la población llamó a una consulta popular, que en marzo de 2003 arrojó un rotundo “no” y desembocó poco después en la primera ley provincial de prohibición de este tipo de minería. La consulta se desarrolló en un escenario nacional todavía caracterizado por una gran efervescencia social y siguiendo los pasos de la experiencia de Tambogrande. En ese distrito peruano a partir del contundente resultado obtenido en la consulta vecinal, el gobierno decidió la anulación de los contratos con la empresa canadiense Manhattan Minerals Corporation[9]. En el año 2007 otras dos consultas se celebraron en Perú (Piura y Cajamarca), y tres en Guatemala entre 2005 y 2007 (Sipacapa, Huehuetenango e Ixtahuacan), con resultados similares.

Vale la pena destacar que la consulta de Esquel y de sus localidades vecinas Cholila, Epuyén y Lago Puelo, fue la única consulta pública que pudo realizarse en nuestro país, pese a que nuestra Constitución lo permite, puesto que las posteriores consultas que fueron planteadas (Calingasta, Tinosgasta, entre otras) no fueron autorizadas por los respectivos poderes provinciales.
En gran parte, los escenarios de conflicto a los cuales se ven arrojados las poblaciones son de una asimetría obscena, como se refleja dramáticamente en San Juan, La Rioja y Catamarca. Pero, entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, siete provincias sancionaron leyes prohibiendo, en algunos aspectos, este tipo de minería. Nos referimos a las provincias de Chubut (2003), Río Negro (2005), La Rioja (2007, anulada en el 2008), Tucumán (2007), Mendoza (2007), La Pampa (2007), Córdoba (2008), San Luis (2008).

Tres factores claves jugaron en favor: movilización multisectorial, socialización de la información y construcción de redes territoriales. Sin embargo, como lo muestra de manera escandalosa el caso de La Rioja (donde la ley de prohibición a la megaminería fue sancionada en 2007 y derogada un año más tarde, por el mismo gobernador), en Argentina las diferentes leyes provinciales lejos están de constituir una garantía absoluta, frente a los grandes intereses económicos en juego.

Así, a fines de 2008 existían aproximadamente 70 asambleas de vecinos autoconvocados, que incluyen en su composición desde amas de casa, comerciantes hasta productores y profesionales. Contrariamente a lo que divulgan gobiernos y empresas transnacionales y gracias a la elaboración de un saber experto independiente realizado por profesionales, cada vez son más las comunidades informadas que toman conciencia de lo que significa la instalación de un emprendimiento minero a cielo abierto, tanto en lo que se refiere a su impacto económico y ambiental, como al enorme consumo de agua y energía que éstos conllevan.
Los nuevos movimientos contra la minería a cielo abierto son conscientes de que han sido arrojados a un campo de difícil disputa y de posiciones claramente asimétricas, en el cual los adversarios van consolidando cada vez más una densa trama articulada, con efectos multiplicadores y complejos, en pos de la legitimación del modelo minero. Así, el correlato del dispositivo hegemónico, puesto al servicio de un modelo de desarrollo, va desde el avasallamiento de los derechos de las poblaciones, entre ellos, de los derechos territoriales de las poblaciones indígenas, reconocidos por los más diversos tratados internacionales incluidos en nuestra Constitución Nacional; la destrucción de patrimonios arqueológicos, la instalación de explotaciones en zonas protegidas, hasta las más diversas estrategias de disciplinamiento, que incluyen desde la violación de procesos ciudadanos, por ejemplo, a través de la derogación de leyes prohibitivas de la minería, o el silenciamiento a la población, impidiendo u obturando la posibilidad de llevar a cabo consultas populares al interior de las comunidades afectadas. En este contexto, la mega-minería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema, un suerte de modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depredación ambiental se combinan con escenarios regionales caracterizados por una gran asimetría de poderes, que parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat.[10]

Si bien el “efecto Esquel” fue altamente beneficioso en todo el país en términos de multiplicación de las resistencias, también lo es el hecho de que la exitosa experiencia, que sorprendió a las compañías mineras, produjo el posterior reacomodamiento de organismos nacionales, gobiernos provinciales y de las propias empresas transnacionales, que multiplicaron sus intervenciones en defensa de este tipo de minería y comenzaron a ensayar nuevas estrategias de “disuasión”.
Actualmente, las luchas continúan, pero en un contexto que marca claramente una nueva embestida por parte de las grandes corporaciones, en asociación con los gobiernos provinciales: entre ellos, podemos mencionar en la Patagonia a la provincia de Neuquén (donde se pretende llevar a cabo un emprendimiento minero en Campana Mahuida, sobre territorio de comunidades mapuches), Chubut (ante la amenaza de derogación de la ley que prohíbe la minería con cianuro); en Mendoza (en Uspallata, ante la posibilidad de llevar a cabo una explotación a cielo abierto, que burle la prohibición establecida por la ley); en Salta (donde la situación de judicialización de asambleístas querellados por la Alumbrera es preocupante); en La Rioja (donde se ha agravado la persecución y judicialización de maestras que forman parte de la Asamblea de Autoconvocados de Chilecito y Famatina, además de la prohibición por parte del gobernador de la provincia de llevar información “antiminera” a las escuelas); en San Juan (frente a la censura a publicaciones que presentan una posición crítica sobre la minería).
5- El rol de la Universidad Pública

Como hemos demostrado en este documento, en primer lugar, la megaminería a cielo abierto tiene graves repercusiones económicas, políticas y socio-ambientales que afectan el territorio y la vida de las poblaciones involucradas. Este modelo se impone de manera silenciosa y vertiginosa nada menos que en 12 provincias argentinas, sin consulta a las poblaciones afectadas. Lejos estamos de asistir a la expansión de un modelo de desarrollo nacional, que trae progreso y bienestar a las poblaciones.

En segundo lugar, las Universidades públicas no pueden desentenderse del actual procesamiento judicial de La Alumbrera, una compañía que arrastra además con todo un historial de violación de derechos humanos. Para mayores datos, véase la causa levantada por la Justicia Federal contra el vicepresidente de la compañía. Asimismo, véase lo sucedido en la provincia de Tucumán, allí donde reside la sede comercial de la Alumbrera, y donde la propia Universidad Pública es socia partícipe, a través de una UTE, de las utilidades. Sin embargo, es una de las provincias donde existe una ley que prohíbe este tipo de minería. ¿A qué se debe ello, si no es al desastroso impacto ambiental que La Alumbrera ha generado en cuatro provincias, motivo de denuncias y movilizaciones, que han logrado vencer incluso las resistencias más enconadas del ejecutivo provincial?

En tercer lugar, las Universidades no pueden desentenderse de los objetivos de la ley 14771, que estipula la distribución de beneficios a las Universidades Nacionales. El espíritu de esa ley, sancionada bajo el gobierno de Frondizi, apuntaba al desarrollo científico nacional así como al control del Estado sobre los recursos naturales. El artículo 5 de dicha ley, que impedía la entrada de capitales privados en el proceso de explotación, fue reformado por la dictadura de Onganía (nada menos que el responsable de La Noche de los Bastones Largos, que produjo el exilio de tantos científicos argentinos), y el último gobierno de la dictadura militar (culpable de crímenes de lesa humanidad). Posteriormente, el espíritu originario de la ley fue una vez más tergiversado, gracias a las “generosas” reformas de los `90 que inhiben al Estado nacional de disponer del subsuelo y favorecen de manera escandalosa, a través del nuevo marco regulatorio, un modelo de expropiación económica, en manos de grandes empresas transnacionales. En otros términos, aún para aquellos que buscan disociar la cuestión ética de la cuestión legal (amparándose en una suerte de “obediencia debida”), el argumento es insostenible, visto y considerando las evoluciones o avatares sufridos por dicha ley, que tergiversan y contradicen su objetivo originario.
En cuarto lugar, tampoco se pueden ignorar las ingentes denuncias de las comunidades afectadas por la vertiginosa expansión del actual modelo minero en nuestro país, que subrayan el carácter insostenible del mismo y que, a excepción del caso de Esquel (2003), ni siquiera han sido consultadas, tal como lo establece como posibilidad la Constitución argentina (derecho de consulta) y lo exige la legislación internacional (convención 169 de la OIT) para los pueblos originarios. Asimismo, ignorar la dimensión política de estas nuevas luchas socio-ambientales que proyectan de manera asimétrica una justa demanda de democratización de las decisiones políticas, sería un error imperdonable para una Universidad, que desde sus orígenes se ha definido por una vocación social y su compromiso con la comunidad, precisamente en una región donde residen poblaciones vulnerables. Este hecho no haría más que alimentar - y con justicia- la fuerte desconfianza hacia las posturas academicistas o hacia la existencia de dobles discursos de las Universidades, ya presente en numerosas Asambleas de Autoconvocados que hoy recusan de manera legítima la disociación establecida por las Universidades entre la cuestión ética (la condena a este tipo de minería), y la cuestión legal (la obligación por ley de aceptar los fondos).
Desde esta perspectiva, creemos que, lejos de asumir posiciones “principistas”, como señalan algunos, de lo que se trata es de defender la UNIVERSIDAD PÚBLICA, de subrayar su independencia de todo tipo de poder (sea económico, político o religioso); de enfatizar su vocación hacia el bien público y en favor de los sectores más vulnerables. En una época en la cual muchos no dudan en convertir las Universidades –tanto públicas como privadas- en verdaderas unidades de negocios, consideramos que la posición de la UNGS debe retomar y afirmar el rol ético y crítico que, creemos, debe jugar la Universidad Pública en la producción social de saber, así como en la discusión de los temas que recorren nuestra sociedad, en este caso, acerca de los modelos de desarrollo hoy vigentes y su afectación sobre las poblaciones más vulnerables.

Maristella Svampa
Lorena Bottaro
Marian Sola Álvarez
ICI-UNGS

[1] La principal fuente de este informe es nuestro libro Svampa y Antonelli (2009).
[2] (Extraído de Mastrángelo: 2004:16)
[3] Las primeras roturas –al menos conocidas públicamente– ocurrieron en septiembre y octubre de 2004, en la estación de bombeo II, a 12 kilómetros de Andalgalá. Luego, en junio de 2006, toma estado público una nueva rotura, en Villa Vil (Belén) con un derrame de más mil metros de extensión sobre las propias aguas del río del que se abastece la población de Villa Vil y que ocasionara una denuncia penal contra Minera Alumbrera por “diseminación culposa de residuos peligrosos”. En diciembre de 2006 se conoce el cuarto y uno de los más graves episodios de este tipo, en la localidad de Ampujaco, en el límite entre Belén y Andalgalá, con un derrame de barro mineralizado que se extendió por más de 3 kilómetros a lo largo del cauce del río Ampujaco. Los últimos derrames conocidos sucedieron en julio de 2007, nuevamente en el río Villa Vil a metros de la estación de bombeo PC-3, y en diciembre de 2007 en las cumbres de Santa Ana, en el límite entre Andalgalá y la provincia de Tucumán.
[4] Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades provinciales no tomaron medidas administrativas ni judiciales contra Minera Alumbrera, minimizando en sus declaraciones públicas la relevancia de los hechos. Múltiples ejemplos pueden darse de estas situaciones. A modo meramente ilustrativo, cabe referir que, a raíz de la reacción social generada ante un nuevo derrame ocurrido en junio de 2006, la Secretaría de Minería de la provincia se limitó a publicar una solicitada en los diarios locales señalando: “A partir del incidente ocurrido en el ducto […], y en consecuencia que diferentes actores sociales «desinforman» sobre lo ocurrido con enunciaciones sin fundamentos y con desconocimiento científico de lo que se trata, es que la Secretaría de Estado de Minería informa que se ha realizado lo siguiente: 1) Monitoreo del estricto cumplimiento del plan de emergencias […] 2) Toma de muestras de los lugares críticos y comparación […] con los parámetros ambientales de base, […] de esa comparación no surgen diferencias significativas. 3) El material derramado fue recogido y depositado en la estación de bombeo PS-2, a la espera de la aprobación del plan de transporte para ser llevados a la mina” (www.diarioc.com.ar, www.elancasti.com.ar, 23 de junio de 2004). En la misma oportunidad, el gobernador de la provincia descalificó las denuncias por contaminación que generaría el mineraloducto aduciendo que se trataban de “una campaña dirigida a desprestigiar al gobierno y a los emprendimientos mineros” (www.clarin.com, 22 de junio de 2004).
[5] Esas causas, iniciadas en 1999, tuvieron un proceso muy largo y complejo. A partir de que fueron reactivadas por el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez, se logró que la Cámara Federal Nº 2 de Tucumán dictara recientemente el procesamiento de Julián Patricio Rooney (vicepresidente de Minera Alumbrera), tras comprobar que de los propios informes de impacto ambiental confeccionados por Minera Alumbrera y de análisis solicitados a Gendarmería Nacional como parte de las pruebas se desprende que los vertidos de Minera Alumbrera sobre el canal DP2 contienen niveles de arsénico, cianuro, cadmio, cobre, mercurio, compuestos organoclorados, plomo y selenio muy por encima de los permitidos por la ley 24.051 sobre Residuos Tóxicos (Juzgado Federal de Tucumán N° 2, expedientes N° 378/99 y 47.958).
[6] El ingeniero en minas y experto en técnicas mineras (Universidad de Nancy, Francia) Héctor Oscar Nieva, quien se desempeñó también como inspector de Calidad Ambiental en la Secretaría del Agua y el Ambiente de la provincia hasta que denunciara “desequilibrios químicos en los niveles de sulfato en el río Vis Vis”, desarrolló su tesis de maestría con la comprobación de la existencia de una conexión hidráulica entre el dique de colas de Minera Alumbrera y el mencionado río. Este hecho llevó a que Minera Alumbrera instalara un conjunto de equipos de retrobombeo aguas abajo con el objeto de capturar el agua de esas filtraciones y reconducirlas al dique de colas. Este sistema debe funcionar de manera continua, lo que involucra una amenaza latente de contaminación por un horizonte temporal incierto.
[7] El enterramiento realizado en las cercanías del dique La Lola, Alpachiri, a 14 kilómetros de la ciudad de Concepción, probablemente haya sido deuno de los primeros derrames ocurridos en 1999. Recién en agosto de 2007, la Justicia ordenó a Minera Alumbrera extraer el material y limpiar la zona (wwww.primerafuente.com.ar, 1 de agosto de 2007).
[8] El Dique Frontal de Termas de Río Hondo se halla aguas abajo de la cuenca del Salí-Dulce, en cuyos afluentes descarga el canal DP2 que Minera Alumbrera usa para desechar los fluidos de la planta de filtrado. Al tomar estado público las denuncias en Tucumán sobre los efectos contaminantes de los efluentes del canal DP2 el defensor del pueblo de Santiago del Estero hizo tomar muestras del dique a Gendarmería Nacional, las que arrojaron elevadísimos niveles de cromo y cobre (www.lagaceta.com, 18 de febrero de 2005).
[9] En el año 1996, la empresa había adquirido las primeras concesiones mineras. Las movilizaciones se gestaron a partir de 1999 y en el año 2003, el gobierno peruano anuló el contrato que permitía a la empresa la explotación. Lo distintivo de este conflicto radica en la utilización de la consulta vecinal como mecanismo para expresar la opinión de la población, lo cual contribuye a este desenlace poco frecuente hasta entonces. El resultado de la consulta vecinal de junio de 2002, fue contundente: el 98.65% de la población votó por el No a la incorporación de la actividad minera en Tambogrande. El 70% de la población censada se acercó a las urnas, mientras que en las elecciones convencionales, cuando el voto es obligatorio, lo hacen en un 40%. (Para un desarrollo sobre este caso se puede ver: Subías Grau, Teresa , Beltrán, María Jesús (:2005).
[10] El caso más dramático en América Latina lo constituye el Perú, donde las protestas de los comuneros, nucleados en la CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería), contra los megaproyectos de minería, ya ha dejado un saldo de varios muertos, heridos y centenares de comuneros judicializados (Palacio Paéz, Pinto y Hoetmer, 2008).
Fuentes bibliográficas

Mastrángelo, A (2004), Las niñas Gutiérrez y mina La Alumbrera, Buenos Aires, Editorial Antropofagia.

Machado Aráoz, H (2009ª) “Minería Transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera (Catamarca), en M.Svampa y M.Antonelli (eds), (2009) Minería transnacionall, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, Biblos.

Machado Aráoz, H (2009b) “Sobre la ley 14771”, mimeo.

Palacio Paéz, Pinto y Hoetmer, (2008) “Neoliberalismo en Perú. Las comunidades en lucha”, en Le Monde Diplomatique, La Paz, Bolivia, Diciembre.

Svampa, M y Antonelli, M (eds), (2009) Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, Biblos.

Subías Grau y Beltrán (2005), “El éxito de Tambogrande”, Revista de Ecología Política, 30, diciembre.