El Consejo Consultivo de la ECI, en su sesión ordinaria del 24 de junio de 2009, expresó su repudio frente a las vinculaciones existentes entre empresas mineras y las universidades argentinas, dejando en claro su oposición al uso de los recursos provistos por YMAD.
Córdoba, 24 de junio de 2009.-
Los consejeros abajo firmantes, miembros del Consejo Consultivo de la ECI Y ante los hechos referidos en la carta del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, del 10 de junio pasado, dirigida al Presidente del CIN, Darío Pascual Maiorana, el pronunciamiento del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, lo expresado por el Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CEA_UE del Conicet en el texto titulado ‘Política contra el ‘cansancio moral’’, expresamos lo siguiente en aras de fortalecer y mejorar la calidad institucional de las universidades públicas y su compromiso con la comunidad argentina:
1) Nuestro repudio a la impunidad en cualquiera de sus formas (acciones deshonestas, lentitud, encubrimiento, o lisa y llana omisión) ante los delitos socio-ambientales que flagelan nuestro patrimonio y avasallan los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de los argentinos. Creemos en la necesidad de posicionarnos claramente, como miembros de la Universidad Nacional de Córdoba contra las modalidades productivas, cualquiera sea su ámbito (minera, agropecuaria, forestal, inmobiliaria, industrias diversas) que producen daños ecológicos irreversibles. Asimismo, creemos en la necesidad de seguir apoyando y promoviendo, cada vez más enérgicamente, la defensa de los intereses colectivos de muchas generaciones por sobre los intereses cortoplacistas y sectoriales y, por lo tanto, las iniciativas que bregan por el resguardo de nuestros glaciares, bosques y espacios de biodiversidad.
2) Manifestamos enfáticamente nuestra posición en contra del uso y/o la posible aceptación por parte de Universidades de los fondos provenientes de YMAD[1] (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), que por segundo año consecutivo se han repartido entre las Universidades Nacionales del país, de acuerdo a lo establecido por el art. 18 de la Ley Nro. 14.771 y lo resuelto en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).
3) Destacamos la abierta contradicción entre el sentido político originario de la Ley Nro. 14.771 que estableciera la asignación de fondos resultantes de la explotación del yacimiento para las Universidades Nacionales, y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza: es necesario entonces comprender que la relación entre la explotación minera y las universidades se gestó bajo el control del Estado de los recursos naturales estratégicos, mientras que actualmente el giro hacia la re-primarización de la economía en nuestro país, la flagrante venta y privatización de los bienes comunes a capitales transnacionales modifica sustancialmente el escenario en el cual se relacionan las Universidades Nacionales con los fondos de la minería.
4) Este Consejo considera alarmante que la empresa minera Bajo La Alumbrera no haya sido obligada a suspender sus actividades, aún cuando su vice-presidente Julian Patricio Rooney está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, es el primer fallo contra una multinacional minera por delito ambiental. Expresamos entonces, como miembros de una Universidad Pública, el imperativo ético no sólo de impedir que Bajo La Alumbrera, hoy judicializada, continúe su devastadora tarea sino también, y a partir de este antecedente, de frenar iniciativas similares, que, insistimos, cualquiera, sea su especificidad y los beneficios invocados para nuestro Desarrollo, sean impuestas unilateralmente a los ciudadanos, desconociendo su consulta, pronunciamiento y participación.
5) La ciencia y la tecnología producida en las universidades es constitutivamente ideológica porque lleva las huellas de sus condiciones de producción: el modelo minero-agro exportador se conjuga con un modelo de producción de conocimiento. Es característica del discurso científico con “efecto de conocimiento” (y no con “efecto ideológico”) el desdoblarse para dar cuenta de sus propias condiciones de producción. Sabemos por investigaciones científicas ya realizadas que la minería a cielo abierto es agresiva con la naturaleza y los seres humanos y constituye una expresión de un modelo de depredación de los bienes comunes que se viene instaurando en el país, con activa participación del Estado Nacional. Este consejo no considera entonces, que el debate, en las actuales condiciones de producción, pueda centrarse en qué hacemos con los fondos, sino en cuáles son las consecuencias en las prácticas académicas de esta forma de complicidad y silencio ante el avance de un capital con esta procedencia. El debate generado por la distribución de estos fondos de YMAD-Bajo La alumbrera, pone de relieve la necesidad de que la composición del presupuesto universitario sea de acceso público en cuanto a gravámenes, impuestos, regalías y donaciones de empresas que pudieran estar violando no sólo los estatutos de la UNC sino también, como en este caso, el artículo 14 de la Constitución Nacional. En este mismo sentido, no aceptamos el destino de estos fondos para proyectos de “remediación” porque consideramos que, por un lado, las lógicas, pertinencias y temporalidades propias de la producción de saberes técnicos que son la razón de ser de la institución universitaria, (muy diferentes de las lógicas, pertinencias y temporalidades de lo político), deben ser preservadas. Proponemos entonces, una definición política de esta situación conflictual por parte de la UNC, en tanto instancia de producción de conocimiento crítico que reniega ser cooptada o chantajeada financieramente, poniendo en riesgo su funcionamiento autónomo, plural y democrático.
[1] Mediante Acuerdo Plenario n° 672 del 27 de mayo de 2008 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió distribuir 50 millones de pesos recibidos de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) que integran el Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno Nacional. YMAD por su parte conforma una UTE con Minera Alumbrera Limited (MAA). Este monto resulta de la aplicación de la Ley Nacional n° 14.771, Artículo 18, Inciso "c", que prevé la distribución de utilidades de YMAD "entre las universidades del Estado". El 18 de Mayo del corriente año, con la resolución 699 el CIN aprobó una nueva distribución, ésta vez de 36,8 millones de pesos.
Documentos de Interés:
1- Carta de Pérez Esquivel a Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
2- Ley Nº 14771
3- Carta de Raúl A. Montenegro a la Decana de la Facultad de Psicología de la UNC.
4- Acuerdo Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 2008
5- Acuerdo Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 2009
6- Toma de posición de CONADU HISTÓRICA - CTA
7- Informe sobre impacto de la gran minería realizado por Juliette Renaud
8- http://www.accioncolectiva.com.ar/
FIRMAN ESTA DECLARACIÓN:
ANA ANDRADA - MA. EUGENIA BOITO - JULIO ATAIDE - CECILIA ULLA - ANA B. AMANN - ESTELA OVIEDO - IVAN AMADO - MATILDE NASSER - EVELIN MAGRIN - ALBERTO BALDO - MARÍA JOSE FRANCO - CYNTHIA VELAZQUEZ
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