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jueves, 3 de septiembre de 2009

Declaración de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, ER


En el marco de nuestros principios y prácticas políticas asamblearias, cuyo horizonte nos guía hacia la preservación del ambiente natural, económico, social y entendiendo que es nuestra tarea promover la responsabilidad social para asumir y sostener los valores y acciones que afirman nuestra cosmovisión de la vida, es que sentimos la necesidad de llamar a la reflexión respecto de la aceptación por parte de la UNER de fondos provenientes de la minera contaminante “Bajo la Alumbrera” conformada por un consorcio multinacional de empresas, que explota un filón ubicado en nuestra provincia de Catamarca.

Además, esta empresa de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) está actualmente procesada por delito ambiental por la Cámara Federal de Tucumán, imputada por tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio, torio, e investigada por lavado de dinero.

El pasado 4 de Agosto el Consejo Superior de la UNER aceptó, en votación dividida, la 2da. partida de las regalías que, de acuerdo a la ley que promueve la explotación del yacimiento, la empresa concesionaria debe tributar para ser distribuido entre el conjunto de las universidades nacionales. El hecho debe llamarnos a la reflexión ya que, si bien hay una ley que avala el procedimiento y las universidades tienen autonomía de decisión, los fondos pueden considerarse una limosna en relación a las ganancias que se lleva la empresa y la contaminación y el daño social que deja.

La Asamblea Ciudadana Ambiental expresa su solidaridad con quienes han rechazados estos “fondo contaminados” y también señala la urgente necesidad de un cambio en la legislación minera que evite que empresas multinacionales continúen con el saqueo y la contaminación de nuestro bienes naturales con el aval del estado. En el mismo sentido creemos que quienes han votado afirmativamente todavía pueden rever su postura, a pesar de las urgencias económicas que por los reajustes sigue afrontando nuestra EDUCACIÓN, y asumir las posiciones críticas y valientes de verdaderos intelectuales.

Felicitamos a quienes tuvieron la valentía de decir NO:

- Lic.Susana Cazzaniga, consejera docente de la Fac. de Trabajo Social
- Cdor Marcelo Haddad, consejero graduado de la Fac. de Cs. Económicas
- Lic. Mirta Artemia Giaccaglia, consejera docente de la Fac. de Cs. De la Educación
- Alfredo Busmail, consejero estudiante de la Fac. de Trabajo Social
- Lic. Sergio Cristani, consejero graduado de la Fac. de Cs. De la Educación
- Lic. Norma Daolio, consejera graduada de Fac. de Trabajo Social
- Ing- Fernando Bello, concejero graduado de la Fac. de Alimentación
- María Laura Méndez, decana de la Fac. de Cs de la Educación, más el Consejo Directivo que rechazó por unanimidad.
- Elina Cánepa, consejera estudiante de la Fac. de Cs. de la Educación
- Pablo Andrés Romero, consejero estudiante de la Fac. de Cs. Económicas

Condenamos sin ejecución, a quienes se entregaron
y les recordamos la posibilidad de resarcirse:

- Ing. Jorge Amado Gerard, consejero docente por la Facultad de Administración y Sec. económico financiero de la universidad.
- Juan Manuel Castagnini, consejero estudiante de la Fac. de Alimentación
- Cdor Eduardo Ramón Muani, decano de la Fac. de Cs. Económicas
- Ing. Ludovico Friedrich, consejero docente de la Fac. de Ingeniería
- José Dorati, consejero estudiante de la Fac. de Bromatología en Gychú
- Ing. César Raúl Osella, decano de la Fac. de Ingeniería, siendo que el Consejo Directivo de ésta se pronunció en contra
- Méd. Pediatra Jorge Pepe y decano de la Fac. de Cs. de la Salud (en donde se estudia Salud Ambiental) en nuestra ciudad
- Lic. María Clara Melchiori, decana de la Fac. de Bromatología en Gychú
- Cdor Miguel Antonio Fernandez, decano de la Fac. de Administración
- Jorge Pedro Pascuccielo, consejero no docente
- Miguel Francisco Guitar, consejero estudiante de Administración

Invitamos a la comunidad entrerriana y regional a apoyar al sector inter-claustro de la UNER que continúa movilizado reclamando para revertir esta medida el próximo 9 de septiembre en la reunión del Consejo Superior.

¡ SI A LA VIDA ¡ NO AL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN ¡
ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
C.del Uruguay - Septiembre 03 de 2009

miércoles, 26 de agosto de 2009

Declaración de la Asamblea Interclaustro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)


FI-UNER
ASAMBLEA INTERCLAUSTRO
26 DE AGOSTO DE 2009

RECHAZO de los FONDOS UNIVERSITARIOS PROVENIENTES
EXPLOTACION de la MINA "Bajo La Alumbrera" según la LEY 14.771


Los abajo firmantes expresamos:

1.- Nuestra adhesión a la Res.C.D. N° 169/09 del 13 de agosto de 2009, por la cual se rechazan los fondos asignados a la FI-UNER, procedentes de la distribución de los beneficios de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) y se solicita al Consejo Superior de la UNER revea la decisión de aceptación de los mismos ocurrida el 04 de agosto de 2009.

2.- Que los motivos se fundan en que:

a) la explotación del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio provoca:

• el volcado de desechos de extremada peligrosidad (cianuros, metales pesados) al medio
ambiente (contaminación aérea y de acuíferos),

• el aumento de la morbi-mortalidad humana por enfermedades graves (cáncer, enfermedades
respiratorias), producto de esta contaminación,

• la degradación del medio ambiente (por la utilización de 100 millones de L/día de agua
limpia, que deviene en contaminada, por la pulverización de montañas y erosión del terreno,
entre otros efectos),

• disminución de la producción agropecuaria regional, muerte de ganado y especies silvestres,

• despojo, en favor de empresas extranjeras, de recursos naturales no renovables de diversa
importancia estratégica para nuestro país (metales preciosos, metales para la industria,
tierras raras),

• el perjuicio económico al Estado, por los daños antes mencionados, por los subsidios
otorgados a la explotación minera, y porque la base impositiva se determina en base a las
declaraciones de la propia empresa beneficiaria de la explotación.

b) la explotación minera a cielo abierto:

• produce contaminación y degradación del medio ambiente en gran escala, con efectos
nocivos sobre las generaciones presentes y futuras;

• consume enormes cantidades de recursos de difícil y costosa producción y recuperación
(energía eléctrica, agua, el propio suelo),

• es un caso más de la apropiación extranjera de recursos, de creciente importancia estratégica
en el mundo actual, que son patrimonio de todos los argentinos y deberían preservarse para
las generaciones futuras y, además, las leyes de inversiones mineras y en especial las
sancionadas a principios de la década del ´90, adjudican a estos grandes capitales
transnacionales, subsidios y beneficios fiscales extraordinarios, inimaginables para otros
emprendimientos productivos,

• como todo emprendimiento productivo y extractivo debe adecuar sus metodologías para
que sean compatibles con la vida y la conservación del medio ambiente, aún a costa de
reducir la escala de explotación y las utilidades,

c) es misión de las UUNN

• producir conocimientos necesarios para y transferirlos a la sociedad toda, para facilitar el
control estricto sobre emprendimientos críticos para la sustentabilidad del sistema y para el
bienestar de la población,

• formar profesionales que puedan desarrollar una labor intelectual crítica respecto de los
temas de interés público (como ejemplo la mega-explotación minera), y por ello debe
permanecer independiente de los intereses privados, lo cual requiere que su financiamiento
provenga directamente del Tesoro Nacional.

d) frente a una situación de profunda necesidad económica

• los fondos provenientes de YMAD funcionan como un incentivo destinado a silenciar la
crítica de las UUNN a las graves consecuencias que la mina provoca,

• es necesario reclamar al Congreso Nacional un presupuesto genuino y suficiente para
atender gastos de funcionamiento adecuados a sus fines

• si las UUNN aceptan financiarse con fondos de esa o similar procedencia, otorgan su aval a
dichas actividades, a la par que contaminan la independencia intelectual y moral
imprescindible para una crítica independiente y transparente;

• la subordinación de las UUNN se mantiene, aún en el hipotético caso de que los fondos
recibidos se utilizaran para financiar los programas tendientes a modificar el status quo
minero.

e) la Facultad de Ingeniería:

• de la Universidad Nacional de Entre Ríos está ubicada en una Provincia que puede
considerarse líder en la lucha en pro de la conservación del medio ambiente y por una
sociedad más justa,

• a mitad de año, ya ha ejecutado el 70% del crédito que le asignó la UNER para el año
académico 2009, por lo que el refuerzo presupuestario proveniente de las utilidades de
YMAD resulta cuando menos necesario para garantizar un funcionamiento adecuado de la
unidad académica; no obstante esta situación acuciante, se considera improcedente
beneficiarse de dichos fondos.

3.- La necesidad de:

• promover acciones encaminadas a la difusión de los perjuicios de la explotación minera a
cielo abierto, de la expoliación a favor de agentes extranjeros de recursos estratégicos no
renovables, y de la necesidad de reformular la Ley de Explotaciones Mineras,

• instalar en las aulas de las carreras de la UNER, la discusión técnico-política de los
contenidos de este documento,

• dar amplia difusión al documento generado en esta Asamblea, hacia las otras unidades
académicas de la UNER y hacia las otras UUNN.


martes, 25 de agosto de 2009

Docentes, investigadores, no docentes y estudiantes de la UBA contra los fondos de YMAD

No a los fondos de la Mina contaminante

Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008- 2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA , con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.

Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.

Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia , sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA , etc.

La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.

Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.

Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas-investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC , utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.

Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera , cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.

Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.

Desde este espacio convocamos a todos los docentes, investigadores, trabajadores no docentes, estudiantes, organizaciones sociales, de DDHH, organizaciones ambientalistas, y a toda la comunidad educativa a participar de una concentración y una radio abierta sobre el Rectorado de la UBA el próximo miércoles a las 8 hs en Viamonte 430 a movilizarnos para exigir que las autoridades rechacen los fondos de las Minas contaminantes.

Firman y adhieren:

Organizaciones gremiales y comisiones internas

FUBA, Conadu H, AGD-UBA, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Centro de estudiantes de Filosofía y Letras, Centro de estudiantes de Cs. Exactas y Naturales, Centro de Estudiantes de Psicología, Centro de Estudiantes de Veterinaria.

Consejeros

Margarita o Campo, Minoría de Graduados de la Facultad de Ciencias exactas
Ileana Cellotto, Minoría de graduados de la Facultad de Psicología
Mariela Solesio, Consejera Superior por la minoría del claustro estudiantil
Alejandro Lipcovich, Consejero Directivo por la mayoría del claustro estudiantil
Martín Pérgola Consejero mayoría estudiantil FCEyN
Federico Holik Consejero minoría graduados FCEyN y miembro de AGD-UBA

Docentes / Investigadores

Becarios Conicet , Ubacyt y Foncyt de la UBA
Pablo Bergel, Sociólogo
Alicia Rodríguez, docente UNGS y miembro de Tribuna Ambiental

Organizaciones estudiantiles

UJS-Partido Obrero
Corriente Julio A. Mella
La Mala Educación
La Mariátegui
En Clave Roja-PTS
Socialismo Libertario
Frente Universitario Proyecto Sur
Viejo Topo-Poder Estudiantil
Viejo Topo-Colectivo Universitario
JXI – Coalición Cívica
En Acción- Exactas
Rebelión (El Andamio, Los Necios y El Estallido).

Organizaciones ambientales y de DDHH

Viviana Puccio , Tribuna Ambiental
Jorge Steimbach, Tribuna Ambiental
Matías Neglia, Tribuna Ambiental

Para adherir:
noalosfondosdelamina@yahoo.com.ar

lunes, 24 de agosto de 2009

Carta de la Unión de Asambleas Ciudadanas a la Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba

24 de agosto de 2009
Sra. Carolina Scotto
Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba
y
Honorable Consejo Superior


De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted y al HCS en su calidad de miembros del gobierno de la Universidad Nacional de Córdoba.

Hacemos esta salvedad, pues deseamos que quede en claro que las Universidades Nacionales pertenecen a la Nación, es decir, a todos los habitantes que dan vida al Estado y que los gobiernos solamente administran en forma temporal los intereses del Estado.

Sabemos que en la UNC, al igual que en otras Universidades Nacionales se está discutiendo si es correcto aceptar los fondos derivados por YMAD-UTE LA ALUMBRERA, más allá de la “legitimidad” de una ley del año 1958 que así lo dispuso.

Sabemos que vuestro rectorado ha encomendado al ISEA la elaboración de informes que contribuyan a enriquecer el debate de ideas que permitan adoptar una decisión, por parte de la UNC, con respecto a la aceptación o no de estos fondos.

Nosotros, como ciudadanos que aportamos al mantenimiento de las Universidades Nacionales, nos sentimos fuera de este debate. No porque no tengamos nada que decir, sino porque no se nos ha invitado a fijar nuestra posición al respecto.

Como ciudadanos y padres, que en muchísimos casos no podemos enviar a nuestros hijos a la Universidad, tenemos grandes esperanzas y expectativas sobre el rol de la Universidad Pública.
Soñamos con una Institución que priorice el interés público por sobre los intereses sectoriales. Estamos expectantes sobre el papel que desempeñarán las Universidades Nacionales ante el avance de los “negocios empresarios” ante las necesidades de la gran mayoría de la población argentina.

Deseamos Universidades Públicas que sean “productoras de conocimiento” a favor de la comunidad, que eduquen y promocionen Profesionales que devuelvan, aunque sea en parte, el aporte que la población en su conjunto brindó para su formación.

Nosotros, simples ciudadanos, tenemos la Gran Esperanza de que, poniéndose a la altura de las circunstancias actuales y ante una permanente arremetida de los poderes empresarios transnacionales, las Universidades Nacionales, adoptarán una postura coherente con su génesis: trabajar para la construcción del conocimiento y la capacitación de estudiantes al servicio de los intereses nacionales.

En definitiva, esperamos que las Universidades Nacionales devuelvan al pueblo el financiamiento aportado por impuestos y rentas generales, con los conocimientos y saberes adquiridos, los planes y proyectos que sirvan a un legítimo desarrollo verdaderamente sustentable de nuestra Nación.

Creemos que el saber académico generado en la Universidad Pública no puede estar distanciado de su origen, que es, sin más, el interés de la población en su conjunto.
Por todo lo expuesto, y a pesar de que no se ha solicitado nuestra participación, solicitamos se tengan en cuenta nuestras opiniones, que desarrollamos a continuación.

¿Es correcto que las Universidades Nacionales, en este caso la UNC, acepten los fondos provenientes de los beneficios de la explotación de la mina Bajo La Alumbrera?

Decimos que NO.

Y detallaremos a continuación los fundamentos que muestran la “estrategia” de Minera La Alumbrera para mostrarse como poseedora de “Licencia Social”:

1) El “primer mundo”, subido a un tren de vida “hiper-consumista” necesita hoy de los minerales que se encuentran en los países del “tercer mundo” (a). Estos minerales metalíferos, ya no se encuentran en yacimientos de concentración vetiforme. Así es que nos encontramos con esta nueva mega-minería química que extrae los minerales diseminados en baja ley con un proceso que significa la voladura de cerros y montañas, la trituración de las rocas obtenidas y la separación de los metales buscados mediante la lixiviación con cianuro, ácido sulfúrico u otros tóxicos o bien con el procedimiento de “flotación”, que significa ni más ni menos que la inyección de floculantes y detergentes tóxicos no biodegradables (b) al mineral triturado para la separación de los metales de “interés” de la roca estéril (material económicamente inservible). Además de las inmensas cantidades de “roca estéril” depositada en “escombreras” al aire libre por toda la eternidad, todo este proceso implica la utilización de recursos que no son considerados “insumos” por las empresas mineras. Esto es: grandes cantidades de agua dulce pura y enormes cantidades de energía (eléctrica y combustibles fósiles) que nuestras comunidades aportan, sin permiso, de modo subsidiado. (c) (d)

2) El yacimiento Bajo La Alumbrera, explotado por la UTE conformada por YMAD y Minera Alumbrera Limited, que a su vez está conformada por Xtrata, Goldcorp y Northen Orion Resources y recientemente adquirida en un alto porcentaje accionario por Yamana Gold Corporation, es altamente cuestionado a nivel político, económico, social y ambiental. (h)

3) En el marco de la “reforma” del Código Minero y la sanción de un “paquete” de nuevas leyes mineras se dieron las condiciones político-económicas para la puesta en marcha –en el año 1997- del proyecto Bajo La Alumbrera. Cabe señalar que en otros países de Latinoamérica se sancionaron leyes mineras “calcadas” a las implementadas en nuestro país. Este “paquete” de leyes fue sancionado en nuestro país sin discusión ni difusión pública y en un total ocultamiento de las consecuencias que hoy, 15 años después, estamos asumiendo. (e)

4) El proyecto MAA (Minera Alumbrera) significó, en su momento, la cabecera de playa del desembarco de la mega-minería transnacional en nuestro país. La estrategia adoptada por la “empresa” fue el silencio. Como diría el saber popular “no hagan olas”. Prometieron a las comunidades de Belén, Santa María y Andalgalá en Catamarca grandes expectativas de crecimiento económico y muchísimos empleos. Esa fue su primera mentira. Nunca llegaron a trabajar en conjunto más de 300 personas de las tres poblaciones mencionadas). Los “inmensos” beneficios de la explotación minera fueron, merced al código minero y a la aceptación por parte de la Legislatura Provincial de Catamarca, de 3 pesos por cada 100 pesos declarados (por la minera) a valor “boca de mina”. Este valor es sustancialmente inferior a la cotización internacional de los metales y, en la práctica, se reducen a $1,20 (aprox.) por cada $ 100 declarados, al deducir costos de extracción, comercialización, etc. (e) (f)

5) El proyecto MAA consta de 5 módulos: a) el yacimiento propiamente dicho, donde se produce la voladura, trituración de rocas, centrifugado, proceso de “flotación” y separación de metales y producción del “concentrado de cobre”, que en realidad consta de aproximadamente 60 minerales (i) en su gran mayoría “no declarados”; b) el transporte, a través de un mineraloducto de 317 km. de extensión, que llega hasta la localidad de Ranchillos en Tucumán; c) “planta de secado” en Tucumán, donde se “extrae” el agua al concentrado; d) transporte del “concentrado seco” en trenes propios (“Tren Azul”), atravesando Tucumán y Santiago del Estero hasta San Lorenzo, Santa Fe, y; e) “exportación” del concentrado desde su “puerto privado” en barcos que no pasan por el régimen normal de Aduanas Generales. (j) (k)

6) En cada uno de los módulos se cometen irregularidades, tanto ambientales como económicas. Todas afectando los derechos políticos, económicos y ambientales de la población.
7) EXPLOTACION DEL YACIMIENTO:

a) voladuras: destrucción del paisaje y emisión de gases tóxicos. Dispersión en el aire de partículas de polvos arsenicales, debido a la composición de la roca de la montaña en su estado original (mayormente pirita arsenical).

b) Excesivo consumo de energía eléctrica a precios subsidiados. MAA es el principal consumidor de energía eléctrica del país. Representa aproximadamente el 80% del consumo total de la provincia de Tucumán (residencial+comercial+industrial).

c) Enorme consumo de combustibles fósiles. MAA consume 5 millones de litros de gas-oil cada mes, que son transportados desde Zárate, provincia de Buenos Aires, también a precios subsidiados, sin pagar impuestos.

d) Enorme consumo de agua pura dulce. Extraen, mediante 9 pozos de alta capacidad, más de 90 millones de litros diarios del acuífero Campo El Arenal. A lo largo de 12 años de explotación han extraído 432.000 millones de litros de agua. El río Santa María hoy está seco.

e) Depósitos de material estéril o “escombreras” que producirán eternamente drenajes a los acuíferos. Para tener una idea, MAA declara en su etapa inicial un procesamiento de 80.000 toneladas diarias de roca. Más adelante pasaron a procesar 120.000 toneladas diarias. La mayor parte de la roca procesada es depositada en las “escombreras”.

f) Dique de colas: todo el material desechado luego de obtener el concentrado es depositado en una enorme pileta de aprox. 35 hectáreas y 150 metros de profundidad. Este “dique” está construido con “material estéril” (escombros) y no tiene ninguna capa aislante. Los fluídos que se filtran hacia abajo (el “dique de colas” está asentado sobre una falla geológica) son “recuperados” (no todo) mediante 14 (catorce) estaciones de “retrobombeo” y volcados nuevamente en el dique de colas. Todavía no tenemos respuesta sobre quién se hará cargo del mantenimiento de estas estaciones de bombeo luego del cierre de mina. (g) (u)

8) TRANSPORTE DEL CONCENTRADO - MINERALODUCTO:

El concentrado es “transportado” por una tubería hacia la planta de secado en Tucumán. Esta tubería fue tendida por MAA en gran parte de su trayecto, sobre los cauces de los ríos, seguramente para obviar el pago de servidumbre. Existen numerosas denuncias (l) (m) por roturas de este ducto. MAA ha negado las mismas, a pesar de que están profusamente registradas en denuncias (n) con fotos y videos (o). Un caso resonante es una rotura ocultada y en un enterramiento clandestino de concentrado en la localidad de Alpachiri, Tucumán. Las aguas subterráneas de los terrenos de la familia Aranda, (p) que estaba por explotar un proyecto de envasado y comercialización de aguas minerales se encontró con que, luego de la rotura y enterramiento de concentrado, sus aguas no eran aptas para consumo humano. Este caso está en la justicia de Tucumán. A raíz de las reiteradas denuncias por roturas del ducto, un juez de Catamarca intimó a MAA al retiro del mineraloducto del cauce de los ríos de Catamarca. MAA nunca obedeció y el ducto sigue asentado en su traza original. (q)

9) PLANTA DE SECADO EN RANCHILLOS – TUCUMAN:

En esta “planta” se extrae el agua utilizada para su transportación en el mineraloducto (aprox. 40% del fluído).

Los residuos, que por una retórica legal MAA llama “desechos” son descargados en un canal aliviador de Tucumán llamado DP2. Este canal desemboca en el lago de las Termas de Río Hondo. Las aguas del DP2 son utilizadas para riego y consumo de animales. Las aguas del lago Río Hondo son utilizadas para riego, consumo animal y humano. Además se realizan actividades de pesca y deportivas, como uno de los atractivos turísticos de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. En distintas pericias y toma de muestras se confirmó la infracción, por parte de MAA, a la ley 24051 de Residuos Peligrosos. En la causa “Juan González s/contaminación” en el canal DP2 se encuentra procesada judicialmente la empresa MAA en la persona de su vice-presidente Julián Rooney por violación de la ley nacional 24051. ( r ) (s) (t)

10) TRANSPORTE EN TREN DEL CONCENTRADO:

Luego del proceso de “secado” el concentrado de minerales es cargado en vagones de tren y transportado hasta el puerto privado de MAA en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Se han registrado varios descarrilamientos de estos trenes con derrames de concentrado y tenemos documentado con fotografías uno de ellos (v). Otro de los casos ha dado origen a una denuncia que derivó en una causa judicial que sigue su curso en la justicia Federal de Rosario.

11) “EXPORTACION DEL CONCENTRADO”

En su “puerto privado”, MAA procede al traslado de la carga recibida en los trenes, a los barcos de alto porte que esperan amarrados. Si bien no tenemos registrados reclamos ambientales en esta parte del proceso, lo llamativo es que el “embarque” de concentrados no es sometido a ningún tipo de revisión aduanera, ni en cantidad ni en composición. MAA simplemente presenta una “declaración jurada” de lo “exportado” y luego de 180 días presentan un informe, generado en las refinerías de destino, sobre el valor del concentrado. Cabe consignar que MAA declara exportar 8 minerales con valor. En realidad se “están llevando” aproximadamente 60 minerales, según estudios realizados que adjuntamos.
ESTRATEGIA DE MINERA LA ALUMBRERA
PARA OBTENER IMAGEN Y LICENCIA SOCIAL:

a) Como enunciamos anteriormente, la primera estrategia de MAA fue el silencio y el ocultamiento. Ante las denuncias por contaminación de los pobladores cercanos eludieron sus responsabilidades y hoy están enjuiciados (n). Ante las reiteradas roturas del mineraloducto y a pesar de estar documentado en fotografías y videos, lo negaron. Como mencionamos, en una rotura del ducto y derrame de concentrado en Villa Lola, Tucumán, la empresa MAA, en lugar de retirar todo el material y remediar la zona, realizó un enterramiento clandestino de concentrado, el cual drenó a las napas y provocó la contaminación de las aguas subterráneas de los terrenos de la familia Aranda. Esas aguas, que en estudios anteriores tenían calidad de “agua mineral”, luego del derrame se mostraron, según estudios realizados, “no aptas para el consumo humano”. En este marco, la secretaría de Minería de la Nación, hizo “desaparecer” de su página web un informe (publicado por la misma secretaría) que daba cuenta de la contaminación detectada a raíz de la actividad minera (y).

b) Donativos a escuelas (w), centros de salud, policía, etc. que le permitieron “fabricarse” la imagen “benefactora” de la empresa. Esos donativos, que se deducen de impuestos, se dan en el marco del abandono de las funciones que son obligación de los Estados (provincial/nacional) quienes son los responsables de mantener, a través de los impuestos y rentas generales percibidos, la salud, la educación y la seguridad.

c) Elaboración de “cartillas” y “manuales escolares” con argumentaciones parciales y tendenciosas para construirse una imagen de portadores de “desarrollo sustentable”. Estos materiales fueron distribuidos en escuelas primarias y secundarias de la provincia de Catamarca con el beneplácito de las autoridades provinciales.

d) Cursos de “capacitación docente” sobre “cuidado del medio ambiente”, presenciales y a distancia (x), otorgando altísimos puntajes a los asistentes. La permisividad de las autoridades provinciales del área de Educación se tradujo en la complicidad con MAA para inculcar en los docentes conceptos pro-mineros, siendo estos empleados estatales que deberían tener independencia de criterio. En el marco de esta estrategia de “legitimar” su actividad y formar opinión favorable en la población, MAA suscribió convenios con la Universidad Nacional de Gral. San Martín para la elaboración de programas y dictado de estos cursos. Durante el año 2008 y por los reclamos de las asambleas ciudadanas y el cuerpo docente de la UNGSM estos convenios quedaron sin efecto.

e) Canje de “contaminación” por “dineros para obras públicas”: en la provincia de Tucumán, el gobernador Alperovich aceptó desistir de una causa judicial por contaminación comprobada a cambio de dinero (11 millones de pesos) para obras en centros de salud provinciales.

f) Dinero para las Universidades Nacionales: además de los aportes realizados a las Universidades Nacionales por YMAD, MAA se encuentra abocada a la “suscripción de convenios” con las 14 Universidades del Norte Argentino (nucleadas en la UNNGA) con el propósito de “mejorar” su imagen corporativa en particular y de la actividad mega-minera en general.

Por todo lo expuesto, y sin agotar argumentaciones, que por cuestiones de espacio no aportamos ahora, solicitamos que la UNC se abstenga de aprobar la recepción de los fondos en cuestión.
Los ciudadanos necesitamos contar con Universidades Nacionales libres de toda sospecha de parcialidad y sometimiento a intereses sectoriales.

Necesitamos Universidades Nacionales independientes de los poderes económicos y que aporten al crecimiento de las comunidades en aras del interés público nacional.

Atentamente
Elizabeth Avila
DNI 16.197.392

Norberto Costa
DNI 12.176.917

- Miembros de ASANOA (Asamblea Socio Ambiental del NOA)
- Miembros de UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas)
En adjuntos se proporciona información detallada que fundamenta lo expuesto en la presente.

a) Declaración Comunidad Académica y Científica Internacional http://cid-56ba327b964c6e71.skydrive.live.com/self.aspx/INFORMES%20ADJUNTOS%20A%20RECTORIA%20UNC/DECLARACION%20500%20ACADEMICOS%20CONTRA%20MINERIA.pdf

miércoles, 17 de junio de 2009

Carta al Rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Flavio Fama, para que rechace los fondos de Alumbrera

San Fernando del Valle de Catamarca, 17 de junio de 2009.-

SEÑOR RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
Ing. FLAVIO FAMA

De nuestra mayor consideración.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y, por su intermedio, al Consejo Superior de nuestra Casa de Estudios a fin de solicitarles tengan a bien rechazar los fondos provenientes de la explotación minera operada por la empresa Minera Alumbrera Ltd., y que por segundo año consecutivo se ha repartido entre las Universidades nacionales del país, de acuerdo a lo establecido por el art. 18 de la Ley Nro. 14.771. Asimismo queremos solicitar que a través de la Universidad Nacional de Catamarca se plantee al Consejo Interuniversitario Nacional una disposición en el mismo sentido.-

Profundas razones éticas y políticas de fondo justifican esta solicitud. En primer lugar, no se puede desconocer que esos fondos provienen de una empresa que se halla actualmente procesada por el delito federal de contaminación peligrosa para la salud, en infracción del art. 55 de la Ley 24.051[1], a raíz de la composición y de los niveles de metales hallados en los efluentes que la minera desecha en el canal DP2 en la provincia de Tucumán y que desembocan finalmente en el embalse de Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero). Tras un largo proceso judicial –la causa se inició en 1999- la Cámara Federal de Tucumán, basándose en el propio informe de impacto ambiental elaborado y presentado por la empresa, en pericias realizadas por Gendarmería Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán y en un informe de la misma Secretaría de Minería de la Nación[2], consideró que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y procesó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney, en mayo de 2008. Si bien se trata de un proceso judicial abierto, a la espera del juicio oral y público para el Sr. Rooney, llama profundamente la atención que no se hayan suspendido preventivamente las operaciones de la minera hasta que finalice dicho proceso. En relación a nuestro pedido, consideramos que, como mínimo, no habría que aceptar dichos fondos hasta tanto no haya una resolución definitiva sobre la causa.

En segundo lugar, tampoco se puede desconocer ni hacer caso omiso de las cuantiosas y graves denuncias que, más allá de los estrados judiciales, vienen realizando las poblaciones aledañas sobre el severo impacto socioambiental, económico, político y cultural negativo que esta explotación ha significado y continúa provocando en su vasta zona de influencia. Debido a la grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, la contaminación de las fuentes de agua, el descomunal consumo de agua y de energía, la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes, la profunda afectación de la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local, la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana y la reproducción de la vida en general, involucradas como efectos y consecuencias insoslayables de este tipo de explotaciones mineras, ha hecho de las mismas una de las actividades ‘económicas’ más cuestionadas y resistidas a nivel mundial.

En consonancia con tales resistencias, las poblaciones aledañas al emprendimiento han venido denunciando sistemáticamente las alteraciones en sus ambientes y formas de vida, y la degradación generalizada de sus condiciones sanitarias. Como respuesta, nuestras poblaciones del interior sólo han visto incrementarse hasta niveles ridículos las vergonzantes prácticas del clientelismo de empresa practicado por Minera Alumbrera bajo el revestimiento ideológico de la denominada ‘responsabilidad social empresaria’, para acallar las voces críticas y fabricar espuriamente ‘consensos pro-mineros’ nacidos de la coerción económica[3]. De parte de las autoridades gubernamentales, el silencio y la omisión sistemática, la falta de controles y de voluntad política para constatar y fiscalizar las operaciones de la explotación y sus efectos, han sido la respuesta oficial generalizada a tales reclamos[4].

Frente a este panorama, nuestra Alta Casa de Estudios no puede seguir pretendiendo permanecer al margen de los conflictos suscitados. Como institución dedicada a la investigación científica, no podemos ignorar la multiplicidad de casos de destrucción y contaminación ambiental que la minería a gran escala ha generado a nivel mundial y la cantidad de denuncias y causas judiciales abiertas por violaciones a los derechos humanos frente a poblaciones que se han opuesto a la radicación de sus explotaciones alrededor del mundo. Una vasta bibliografía se ha compilado ya al respecto y ha dado lugar a la prohibición de este tipo de explotaciones en buena parte de estados y países.

En particular, las empresas que controlan actualmente la explotación del yacimiento de Bajo la Alumbrera tienen numerosos y lamentables antecedentes en el mundo en este sentido: la empresa Xstrata Cooper tiene denuncias, multas y causas judiciales abiertas en Sudáfrica, Australia, Perú, Filipinas y Colombia; Goldcorp Inc., tiene denuncias similares en sus operaciones de San Martín (Honduras), Marlín (Guatemala), Los Filos, Nukay y Peñasquito (México), Pueblo Viejo (República Dominicana) y Marigold, Wark e Imperial Project (Estados Unidos); Yamana Gold, por su parte, tiene multas y causas judiciales abiertas por derrames de agua cianurada en las minas de Copán (Honduras).

La cantidad y diversidad de estos antecedentes, más que indicar la excepcionalidad de los casos, da cuenta de resultados y prácticas sistemáticas consustanciales de este tipo de explotaciones. En todo caso, tales antecedentes ameritan que nuestra Universidad, asuma inequívocamente el compromiso con los intereses de nuestra población provincial y aborde la investigación y el debate profundo de las implicaciones socioambientales, económicas, políticas y culturales de las explotaciones a fin de tomar una posición institucional al respecto.

Por otro lado, dentro de las consideraciones que nos llevan a impulsar el rechazo a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, cabe destacar también la abierta contradicción entre el sentido político originario de la ley que estableciera la asignación de fondos resultantes de la explotación del yacimiento para las Universidades Nacionales, y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza.

En efecto, cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la ‘entrega’ de sus yacimientos a ‘empresas foráneas’. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos y a tales efectos la ley procede a la creación de YMAD con el objeto de “realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objetivo principal.” (Art. 1ª de la Ley)

Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos. Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.”[5]

En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el ‘desarrollo nacional’ y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminación cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.

Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los ’90 (Leyes 24.196 y sus correlativas), provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la ‘industria minera’ a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos ‘a cielo abierto’ con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado.

Como centros de investigación, de producción de conocimiento científico y, sobre todo, como ámbitos de construcción de sentido crítico, las Universidades Nacionales no pueden ignorar o pasar por alto estas sustanciales mudanzas políticas. No es posible soslayar la pregunta sobre cuál sería el sentido justificatorio para que las universidades reciban fondos de esta empresa en las actuales circunstancias.

En virtud de ello, consideramos que la razón ética y política de fondo que torna injustificable moralmente la aceptación de los recursos provenientes de una empresa tan cuestionada y un tipo de explotación tan polémico como el de Minera Alumbrera, tiene que ver con el profundo e inequívoco compromiso político que, entendemos, las Universidades Públicas deben asumir para con los intereses mayoritarios de nuestras poblaciones. Como agentes públicos al servicio de nuestras poblaciones, no podemos soslayar las graves connotaciones políticas y epistémicas que implicaría la actitud de aceptar sin mayores debates tales recursos.

Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario en su conjunto, una actitud tal pondría a nuestras Universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, dando la espalda a los reclamos y denuncias de nuestras poblaciones y asumiendo, por el contrario, una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión.

Por el contrario, rechazar esos fondos bajo objeciones éticas constituiría un indeleble acto de magisterio y ejemplaridad para el conjunto de nuestra sociedad y honraría la más pura tradición democrática de nuestra historia. La producción de conocimiento, favorecida en el capitalismo periférico hoy, toma como presupuesto casi indiscutible una economía fuertemente productora de materias primas y el uso intensivo de energía, debilitando así la que debería ser una dimensión crucial de la universidad: su capacidad anticipatoria de los problemas sociales y ambientales. En tal sentido, los aportes de recursos de este tipo debilitan a las universidades públicas en tanto instituciones sociales comprometidas con los problemas nacionales y de los pueblos.

La democratización de la Universidad Pública debe significar, ante todo, la construcción de una Universidad inequívocamente comprometida y al servicio de los intereses de nuestro Pueblo. En este sentido, el carácter público de la educación y de la formación universitaria no se puede restringir a los principios mínimos de ‘ingreso irrestricto y gratuidad’ sino que debe contemplar la preservación de la autonomía universitaria tanto frente a los grupos político-partidarios que ocasionalmente ejercen funciones gubernamentales cuanto -más aún- frente a grupos empresariales y actores privados. El reclamo de una mayor inserción y compromiso de la Universidad con su sociedad local no puede confundirse distorsivamente con su articulación funcional al ‘mercado’ como proveedores de servicios, sino que, por el contrario, debe orientarse a proveer recursos cognitivos y críticos en diálogo con las mayorías más postergadas de nuestra sociedad, a fin de contribuir a la democratización de los procesos de construcción social del presente y el futuro.

Esperando comparta nuestros objetivos y aspiraciones, instamos a que tome medidas urgentes para rechazar los mencionados fondos y diligenciar ante el Consejo Interuniversitario Nacional un planteo similar al respecto.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.


Elsa Ponce (DNI 17.529.677); Carlos Fígari (DNI 17.784.490); Alejandro Haber (17.365.319); Juan Manuel March (DNI 17.755.111); Luis Alberto Reyes (DNI 6.655.498); Horacio Machado Aráoz (DNI 21.325.778); Valentín González (DNI 8.157.148); Carina Jofré (DNI 25.995.603); Luis Ibáñez (DNI 14.058.716); Héctor Ariel Feruglio (DNI 25.117.242); María Martha Ríos (DNI 18.060.665); María Teresa Cano; Nelson Mercado (DNI 35.391.503); José M. Agüero (36.029.358); Ana Laura Vera (DNI 35.286.155); Gustavo Vera; Cristina Visñovezky (35.388.113); Jorge Alberto Perea (DNI 21.661.083); Maximiliano Arréguez (DNI 35.389.030); Laura Roda (29.311.863); Enzo M. Acuña (DNI 31.450.884); Cristian A. González (DNI32.445.289); Leandro D’Amore (DNI 23.958.650); Vanina Picapietra (DNI 27.848.376); Débora Egea (DNI 34.927.220); Selene Araya (P 17016879-8); Mariana Barrionuevo (DNI 30.121.953); Rocío Carolina Mallea (DNI 33.935.357); Nicolás M. Ahumada (DNI 33.550.192); Marcia Vergara (DNI 34.243.328); Enrique A. Moreno (DNI 27.957.535); Pablo Olea (DNI 30.319.575); Pablo Romero (DNI 32.750.273); Sergio Silva (DNI 29.310.737); Gilda Saquilán (DNI 35.500.999); Georgina Ríos (DNI 39.015.238).

[1] Causa “GONZALEZ, Juan Antonio s/infracción a la Ley 24.051” Expediente Nro. 47958. Juzgado Federal de Tucumán Nª II.

[2] Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán –Determinación de impactos ambientales,
marzo de 2007.

[3] Como lo ha denunciado el Defensor del Pueblo de la Nación, las donaciones sistemáticas de las mineras “acompañadas de ostentosos actos publicitarios a favor de las empresas involucradas, provocarían la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la libertad de opinión de las comunidades…” y por lo cual insta al Estado a ser “extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de ‘asistencialismo minero’…”. Defensoría del Pueblo de la Nación, Actuación Nro. 2538/05.

[4] En este sentido, recordemos que la manifiesta connivencia de los poderes del estado para con las explotaciones mineras, ha llegado a veces al extremo ilógico de prohibir la expresión popular a través de un plebiscito para que los propios pobladores se expidan sobre si quieren o no este tipo de explotaciones, como ha sucedido con el pueblo de Tinogasta en diciembre de 2007.

[5] Centro de las pujas políticas sobre la cuestión minera, no resulta ocioso señalar que el artículo 5 de la Ley 14.771 sería objeto de sucesivas reformas, ya derogatorias por gobiernos ‘liberales’, ya restauradoras por gobiernos ‘nacionalistas’: la primera anulación de dicho artículo se realizaría a través del decreto ley 17.819/68 impulsada por el entonces ministro de economía Adalbert Krieger Vasenna y sancionada por el dictador Onganía. Luego, sería posteriormente restablecido bajo la última presidencia de Perón a través de la sanción de la Ley 21.204 del año 1975, para ser finalmente derogado definitivamente bajo la última dictadura militar. En ese marco, Martínez de Hoz impulsa la reforma del Código de Minería a fin de generar un marco de promoción de la inversión extranjera destinadas a las explotaciones mineras. El código de minería se reforma por la ley Nª 22.259 “con el objeto de alentar la minería en gran escala y para lo cual prevé la exploración y/o explotación de yacimientos por terceros…”. Luego de la reforma del Código, se sanciona el decreto ley 22.384 que, una vez más, tiene el único objeto de sustituir el artículo 5ª originario y de permitir la celebración de convenios y la transferencia de derechos de YMAD a terceras personas físicas y o jurídicas, nacionales y /o extranjeras. Es bajo la vigencia de esta ley que se firmará luego, en el año 1994 el contrato por el que se conforma la Unión Transitoria de Empresas entre YMAD y Minera Alumbrera Ltd. y la que permite actualmente su explotación por parte del holding de empresas transnacionales lideradas hoy por Xstrata Cooper.

miércoles, 10 de junio de 2009


Buenos Aires, 10 de junio de 2009.-


Señor
Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
Darío Pascual Maiorana


Señores/as
Rectores/as de las Universidades Nacionales[1]
S / D



Reciban el fraterno saludo de Paz y Bien.

Me dirijo a Ustedes a fin de expresarle mi profunda preocupación, en relación a la distribución, entre las universidades públicas, de fondos provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineras de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.

En virtud de la ley 14.771[2] y sin mayor debate, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió, con la resolución 672 del 27 de mayo de 2008, la distribución de 50 millones de pesos. Esta decisión fue luego avalada por cada una de las universidades, que recibieron desde 990 mil pesos hasta cerca de 3 millones y medio de pesos por la Universidad de Buenos Aires (UBA). A nuestro conocimiento, la sede Esquel de la Universidad Nacional de atagonia es la única institución universitaria que rechazó estos fondos, por motivos éticos. Ahora, hace menos de un mes, con la resolución 699 del 18 de mayo de 2009, el CIN aprobó una nueva distribución, esta vez de 36,8 millones de pesos.

Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el CIN como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento.

Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños[3]; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias[4], y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las
poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras.

Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba, "hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades"[5]. Así, lo más alarmante es que esta empresa no haya sido obligada a suspender sus actividades, aún cuando su vice-presidente Julian Patricio Rooney está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, es el primer fallo contra una multinacional minera por delito ambiental, y una importante oportunidad para luchar contra la impunidad en materia ambiental. Cabe destacar que esta causa se inició en abril de 1999, y, sin la intervención y la perseverancia del Fiscal General de la Cámara Federal de Tucumán, hubiera continuado paralizada mucho años más. El fallo se apoya en pruebas contundentes sacadas de los informes de impacto ambiental de la empresa misma, demostrando la contaminación de las aguas del canal de desagüe DP2, donde se vierten los efluentes de la planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera[6]. Ya en 2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación detallaba los graves impactos ambientales causados por esta mina[7].

Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.

Por otro lado, nos parece importante subrayar que la distribución de dinero proveniente de este mega-proyecto minero no es la única arremetida de las grandes corporaciones económicas sobre el ámbito académico. Son muchos los científicos y las instituciones académicas que fueron cooptados y que multiplican las publicaciones complacientes con el modelo sojero y el modelo extractivo minero. Eso contribuye a desprestigiar el ámbito académico; en lugar de cumplir con su deber de informar a la sociedad civil, estas actividades tienden a desinformar. Pero también son muchos los científicos, investigadores y académicos que tratan de proponer miradas alternativas al discurso hegemónico, poniendo a la luz los daños irreparables provocados por estas actividades destructivas, saqueadoras y contaminantes. Varios de ellos luego sufrieron represalias y sanciones adentro de sus instituciones.

Señor Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y Señores/as Rectores/as de las Universidades Nacionales, les pedimos tengan presente que la explotación de Bajo la Alumbrera, desde hace más de 10 años ahora, viene provocando graves violaciones a los derechos humanos, no sólo al derecho a vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de personas.

Las universidades que Uds dirigen deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos.

Por todo eso, y porque sabemos de su compromiso con los intereses del pueblo y con la libertad académica, solicitamos que cumplen con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD.

Les agradecemos toda la atención que pueda prestar a esta situación, y adjuntamos información más detallada8 respaldando nuestro pedido.

Les reitero mi fraterno saludo.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz


1 Enviamos esta carta a los/as rectores/as de las universidades nacionales que recibieron parte de estos fondos: Buenos Aires, Catamarca, Centro, Chilecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General San Martín, General Sarmiento, Iuna, Jujuy, La Matanza, La Pampa, La Plata, La Rioja, Lanus, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco,
Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Sur, Tecnológica, Tres de Febrero, Tucumán, Villa María.


2 El yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd. fue descubierto por Abel Peirano, que lo registró a nombre de la Universidad de Tucumán en 1948. Luego la Provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad del yacimiento por lo que se conformó YMAD, una empresa interestatal de derecho privado. Para explotar la mina, en 1994, YMAD conformó con la empresa transnacional Minera Alumbrera Ltd. una unión transitoria de empresas (UTE), por la cual recibe el 20% de las ganancias de esta explotación. De este monto, según la ley 14.771, a la provincia de Catamarca le corresponde un 60%, a la Universidad de Tucumán un 20% y el 20% restante se dirige al CIN y las demás universidades nacionales.

3 Ortiz, Ricardo, Las empresas transnacionales en la minería argentina: seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e incumplimiento de los derechos de las comunidades locales, Informe de investigación, Observatorio de las Empresas Transnacionales, Foro Ciudadano de Participación para la Justicia y los Derechos Humanos, Buenos Aires, 2007.

4 Entre 1998 y 2002, luego del comienzo de la explotación de Bajo La Alumbrera, el número de patologías respiratorias de los niños aumentó un 63% según datos del servicio de pediatría del Hospital Zonal de Andalgalá en Catamarca (Nota nº44/03, área programática nº9). Desde entonces el hospital dejó de publicar datos estadísticos al respecto.

5 "El oro no brilla en la academia", Página 12, 5 de junio de 2009.

6 Más información en: Causa "González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051". Expte nº47.958. Juzgado Federal de Tucumán nºII.

7 Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán – Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007.

8 Adjuntamos el informe y carta entregada al vice-presidente de Minera Alumbrera Ltd., en octubre 2008, así como el informe Impacto de la gran minería sobre las poblaciones locales en Argentina, realizado en julio 2008.

lunes, 4 de mayo de 2009

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) adhiere al rechazo de los fondos

ADUNS
Asociación de Docentes de la
Universidad Nacional del Sur
Pasaje Tres Arroyos 538 -
Tel./Fax. (0291) 451-7969 -
Bahía Blanca
(horario de atención - lun a vier de 9 a 20 hs.)
www.aduns.org

Adherimos plenamente al comunicado de la Lista de Profesores de la UNS "Integración" (que transcribimos al pie) y adjuntamos importantísima información sobre la capacidad de estas empresas de construir consensos aunque sea bajo tierra y de comprar voluntades en el "terreno" de las Universidades Nacionales. Analice el cuadro de aportes de la YMAD a cada una de las Universidades y visite también estos documentos:

· Bajo La Alumbrera y sus métodos de persuasión educativa. Nota del diario Página/12 del 29 de septiembre de 2008.

· Las estrategias corporativas de fabricación del crédito social. A propósito del Premio OLAMI a Minera Bajo La Alumbrera. Trabajo presentado por la Dra. Mirta A. Antonelli de la SeCyT de la Universidad Nacional de Córdoba.

· Los convenios no convienen. Una crónica de la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de General San Martín donde se trató y no se aprobó la renovación de los convenios con la Minera Bajo La Alumbrera.

· Cuadro de aportes en pesos (2008/2009) de la YMAD a las Universidades Nacionales.

ADUNS en CONADU HISTÓRICA
Bahía Blanca, 3 de mayo de 2009.-

Lista Integración - Profesores UNS
listaintegracion@bvconline.com.ar

DINERO QUE “CONTAMINA”

La ley 14771 de 1958 dispuso la creación de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) para la explotación del yacimiento Farallón Negro-Alto de la Blenda, rico en oro y plata, en la provincia de Catamarca. Las utilidades de este ente minero tripartito gestionado por el Estado Provincial, la Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del yacimiento) y el Estado Nacional, se destinaron fundamentalmente a la provincia de Catamarca (60%) y a la construcción de la ciudad universitaria de Tucumán (40%). La mencionada ley establece que el 50% de las regalías pueden, en determinadas condiciones, ser distribuidas entre las demás universidades del Estado (artículo 18º, inciso c).

Durante la presidencia de Menem, se modificó el marco legal, tributario y administrativo constituyendo YMAD una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Limited gerenciada por Xstrata Plc (Suiza) que tiene el 50% del paquete accionario mientras que las empresas canadienses Goldcorp Inc y Northern Orion Resources Inc poseen el 37,5% y el 12,5%, respectivamente. Actualmente, esta explotación minera a cielo abierto constituye uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo.

En 1998, el ex-Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, el Biólogo Juan González, denunció a Minera Alumbrera Limited por violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos ya que en el fondo del arroyo DP2 se hallaron niveles de plomo, cadmio, cobre, selenio, mercurio, cianuro y arsénico superiores a los límites establecidos por la normativa aplicable. Por otra parte, en el Concejo Deliberante de Catamarca, vecinos de YMAD solicitaron la inmediata relocalización de la planta industrial por la contaminación ambiental producida en la zona urbana y por el empleo de cianuro sin los tratamientos adecuados. La Secretaría de Medio Ambiente de la Nación también generó un informe que detalla los graves impactos ambientales que ocasiona Minera Alumbrera en la cuenca del río Salí, en la Quebrada de Lules y en los embalses El Cadillal y Rio Hondo.

En junio del año 2008, sobre la base de la mencionada denuncia del Biólogo J. González, la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán procesó al Vicepresidente Primero y Gerente General de la Minera Alumbrera por el delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo Nº 55 de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051) en coordinación con el artículo Nº 200 del Código Penal de la Nación (11.179, T.O. 1984 actualizado) que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.

Solo un mes después de esta decisión judicial inédita en América Latina, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en su reunión del 10 de julio de 2008, acordó la distribución entre las Universidades Nacionales de las utilidades provenientes de YMAD correspondientes al ejercicio 2007 que ascienden a 50 millones de pesos.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur, en su plenario del 8 de abril de 2009, aprobó por el voto nominal de veinte de sus miembros el dictamen de mayoría que proponía: “aceptar de la firma “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio” (YMAD) la suma de $ 1.215.511 en concepto de participación en las utilidades líquidas y realizadas por el ejercicio 2007, de acuerdo al artículo 18º inc. c) de la ley 14.771 y a la pauta de distribución dispuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional mediante Acuerdo Plenario 672/08” e “incorporar a los recursos del presente ejercicio presupuestario la suma mencionada en el artículo 1º, Fuente de Financiamiento 1.2 (Recursos Propios)” (ver Acta 606 CSU).

El dictamen de minoría aconsejaba rechazar esta suma de dinero, instar al Estado Nacional, al Estado Provincial de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán a que las utilidades correspondientes a la UNS sean empleadas en estudios de impacto ambiental en la zona afectada por la contaminación y exigir al Estado Nacional mayor rigor en el control de las actividades de la Empresa Minera respecto de la contaminación del medio ambiente y de las utilidades declaradas.

Los representantes de las listas Integración, Intercentros, Azul, MNR-Desafíos, La Corriente y la Decana del Departamento de Humanidades votamos el dictamen de minoría y de la misma manera que lo hicimos en el plenario del CSU, preguntamos ahora:

¿Debe la Universidad establecer ciertos límites en los recursos económicos que acepta?

¿Debemos actuar de acuerdo con nuestro Estatuto que en el artículo 2º establece que “el fin de la Universidad es inculcarle a los miembros el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional”?

¿Debemos por lo tanto, respetar el art. 41º de la Constitución Nacional que dice que “todos los habitantes gozan del derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo”?

¿No estamos dando un doble mensaje a nuestros alumnos cuando pregonamos el respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo aceptamos recursos procedentes de una empresa minera seriamente denunciada y procesada por contaminación ambiental?

¿No es preocupante para una institución educativa que algunos consejeros hayan esgrimido como argumentación para no rechazar esta regalías que las “actitudes principistas no resultan operativas”, que es necesario “ser pragmáticos” y que si nos “quedamos en los ideales no obtenemos nada como resultado”?

¿No se daña la credibilidad y el rol referencial de la Universidad en eventuales estudios de contaminación ambiental con la incorporación a su presupuesto de regalías del YMAD, aunque haya una ley de por medio?

Estamos convencidos de que la respuesta a cada uno de estos interrogantes solo puede ser un CATEGÓRICO SÍ y que la Universidad Pública al aceptar, sin ningún tipo de cuestionamiento, estos recursos “contaminantes” corre el riesgo de “contaminar” su protagonismo y su responsabilidad social.

Bahía Blanca, 27 de abril de 2009
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