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jueves, 15 de octubre de 2009

Filo-UBA: Universidad y movimientos populares en defensa del ambiente y la salud

POR OTRO BICENTENARIO
CONSTRUYENDO UNA UNIVERSIDAD CRÍTICA

Sábado 24 de octubre de 2009. De 9 a 17 hs. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires

Recientemente las Universidades Nacionales de Argentina han aceptado dinero proveniente de los beneficios que recibe YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma conAlumbrera Limited. Este año son 36,8 millones de pesos que (de acuerdo a la ley Nº 14771) deben ser repartidos entre Universidades Nacionales.

Sin embargo, desde diferentes sectores de la academia, planteamos el rechazo a ese dinero, porque su fuente no es dudosa. Porque sabemos que proviene de la mega minería y que esa actividad está contaminando nuestra tierra, enfermando a nuestra gente, desperdiciando nuestros recursos energéticos e hidráulicos. Y no lo sabemos porque lo intuimos, o lo leímos en algún diario, sino que desde hace mucho tiempo, numerosos científicos se han dedicado a investigar los problemas que acarrea esta actividad. Sin embargo, casi como una burla al compromiso con el planeta y con la sociedad, se decide aceptar dinero proveniente de empresas que están siendo procesadas por la justicia (la Cámara Federal de Tucumán Nº II dispuso sus procesamientos por violación del Art. 55 de la Ley 24.051) por contaminación.

Viendo estos hechos, y considerando que creemos que el rol de la Universidad en la sociedad no debe ser de ciega aceptación sino de crítica y de cuestionamiento, a favor del hombre y la mujer, del desarrollo y del bienestar de nuestros pueblos, es que llamamos a toda la comunidad a reflexionar ¿Qué tipo de Universidad queremos? ¿Cómo nos financiamos? ¿a qué poderes respondemos?

Enmarcamos esta reflexión en el trabajo por la víspera del Bicentenario porque creemos que la lucha por la salud, un ambiente sano, la protección de los recursos ambientales, es una lucha que no ha cesado desde la conquista, desde que llegaron los imperios saquean la tierra y sólo dejan pobreza y destrucción. Distinguiendo cómo la comunidad elabora y establece estrategias de resistencia, conscientes y conocedores sobre cómo el propio hábitat se contamina y la tierra y los ríos que son sede de nuestra historia se empobrece como los pueblos, es que llamamos a participar. Porque el debate de la comunidad será muy importante para poder elaborar líneas de acción conjunta frente a la intromisión y atropello de las empresas multinacionales en nuestra educación, en nuestra ciencia y en nuestra calidad de vida.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Cuando la ética es lo primero

SOCIEDAD › DIEZ FACULTADES DE UNIVERSIDADES NACIONALES RECHAZAN DINERO PROVENIENTE DE LA MINA LA ALUMBRERA

Diario Página 12, Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.

El Consejo Interuniversitario Nacional aceptó por segunda vez los fondos aportados por la empresa minera que extrae cobre y oro. La Alumbrera está obligada al aporte por ley. Pero diez decanos decidieron rechazarlos porque se originan en una empresa contaminante.

“No a los fondos de La Alumbrera.” La consigna comenzó a circular entre los docentes, estudiantes, graduados y no docentes hasta llegar a los decanos de diez facultades del país. En mayo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –conformado por todos los rectores de universidades nacionales– aceptó por segundo año consecutivo los fondos que, por ley, la empresa minera Alumbrera Limited –que explota el yacimiento ubicado en Catamarca– destina a las universidades nacionales. El lema se transformó en movimiento con la conformación de una red de facultades y unidades académicas nacionales (ver aparte) que manifestaron su “rechazo ético” a esos fondos, en una declaración conjunta que además condena la actividad de La Alumbrera por “contaminar el aire, el agua, el suelo y las personas con derrames de ácidos mineros y otros contaminantes procedentes de las actividades de extracción de cobre y oro”. La red solicita al CIN y a todas las universidades públicas que “aprueben códigos de ética para que casos como el de La Alumbrera no se repitan”. El tema figura en la agenda de la reunión del CIN que se celebra entre hoy y mañana en Villa María, Córdoba.

“Los rectores tienen potestad para aceptar los fondos, pero no para distribuirlos entre las facultades. Por eso, comenzamos a advertir la necesidad de llevar la discusión del rechazo a los fondos de La Alumbrera hasta el CIN”, resumió la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) –primera institución en rechazar los fondos este año–, Patricia Altamirano.

Para Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA –la única en esa universidad que rechazó los fondos y ordenó crear un consejo consultivo–, la actitud se fundamenta en “la aceptación acrítica del dinero antes de su incorporación al presupuesto universitario”.

En ese sentido, Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la UNC y presidente de una organización ambientalista con carácter consultivo en la ONU, apuntó que los fondos “se querían aprobar rápido y en silencio. Que se genere un debate hacia afuera de las autoridades universitarias pone en tela de juicio la imparcialidad y la forma en la que se toman fondos. Se le tiene miedo al control social de la universidad”.

Los fondos provienen de la explotación que tres empresas de origen suizo y canadiense hacen de La Alumbrera, enlazadas por una Unidad Transitoria de Empresas, a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El organismo detenta el derecho de explotación de la mina y está conformado por el gobierno de Catamarca –la explotación es en el departamento de Belén–, la Universidad de Tucumán –por ser la institución que descubrió el yacimiento en 1948– y el Estado Nacional. En esa sociedad, la empresa percibe el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante, de lo que se destina 60 por ciento a la provincia de Catamarca, el 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento a distribuir entre las “universidades del Estado”, según la ley nacional 14.771.

A propósito de estas condiciones establecidas por la ley, el gerente de Relaciones Institucionales de Alumbrera Ltd, Jorge Montaldi, indicó que “con prescindencia del derecho de las universidades a aceptar o no los fondos provenientes de las utilidades de YMAD, La Alumbrera no genera contaminación, cumple con la normativa ambiental argentina y tal como demostró el reciente fallo de la Justicia, no hay ningún ejecutivo procesado por delito ambiental” (ver aparte).
La primera distribución de fondos desde la YMAD llegó en 2008, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional aceptó esas utilidades por 50 millones de pesos y diseñó el modo de distribución por el que se repartió “por partes iguales” entre todas las universidades. Para el período 2009, el CIN volvió a aceptar por acuerdo plenario una partida de 36.800 millones de pesos. Pero, esta vez, se encontró con el rechazo de varias facultades, que resolvieron no utilizar los fondos cuando éstos sean girados.

“La Universidad de Tucumán, al estar dentro de la estructura de la empresa, sufre una distorsión como institución educativa. Los fondos la atan para expresarse sobre el impacto ambiental que provoca la actividad. La utilidades deberían ir al Tesoro Nacional, pero con las ventajas impositivas que tienen las empresas se les termina pagando a las mineras para que se lleven todo y dejen la contaminación”, aseguró Lino Pizzolón, director del Observatorio del Agua de la sede Esquel, la única unidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia en rechazar los fondos en 2008.

Según datos oficiales, en 2009, la producción de metales crecerá un 40 por ciento, y en el caso del oro –uno de los metales que se extraen en La Alumbrera– habrá exportaciones por 1300 millones de dólares. Pero el Estado Nacional, según las normas vigentes desde la década de 1990, sólo puede cobrar impuestos fijos y no más del 3 por ciento del valor de “boca de mina”, donde el material tiene el valor más bajo del mercado.

“La facultad atraviesa una situación difícil en su realidad presupuestaria y los fondos de la mina podrían ser la inyección para afrontar el mantenimiento de infraestructura los servicios, la limpieza y los gastos administrativos. Pero sentimos que aceptar los fondos es ser cómplices de que otras comunidades sufran, por la contaminación de agua, aire y tierra”, apuntó Facundo Moulins, representante por los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), donde el Consejo Superior revisaría la medida. Además, según el acuerdo realizado por los rectores en el CIN, “sería deseable” que los fondos “se aplicasen a la implementación de algún proyecto institucional y no a los gastos corrientes”.

Según la declaración acordada por las facultades, los fondos generan un “clientelismo de universidad” que para Montenegro se traduce en “una falta de credibilidad de los estudios que realiza una universidad que aceptó los fondos”. Por eso, el docente se encargó de presentar un informe ante el Consejo Superior de la UNC –que aún no revisó la aceptación de los fondos– donde recopila, entre otras cosas, los casos de contaminación contra la empresa.

“Tenemos el derecho de plantear que el dinero no se puede incorporar sin considerar los efectos que tiene la minería a cielo abierto sobre el medio ambiente, la vida presente y futura de esos ecosistemas y la de sus habitantes, e indirectamente de todo el país”, advirtió Schuster. La decana de Psicología de la UNC, en sintonía con la declaración firmada por las facultades contrarias a recibir los fondos, adelantó que “la idea es que la red se amplíe con la participación de organizaciones sociales e intelectuales en una próxima reunión”.

Las 10 del rechazo

Las facultades y unidades académicas que adhirieron al rechazo de los fondos de La Alumbrera son: en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER): las facultades de Trabajo Social, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Bromatología. En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): las facultades de Psicología, Filosofía y Humanidades y Derecho y Ciencias Sociales. Por último, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSA). Entre las unidades académicas están: la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Unpsjb) y las escuelas de Ciencias de la Información y Biología de la UNC.

Basados en el informe del dueño

La Alumbrera Limited comenzó su actividad en 1997. Un año después, el entonces director de Medio Ambiente de Tucumán, Juan González, denunció a la empresa por los niveles de metales hallados en el canal DP2, donde desemboca el mineraloducto de La Alumbrera, que cae en la cuenca del río Salí Dulce. En 2002 el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Antonio Gómez, retomó el expediente y, en 2008, llevó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney, a ser procesado por el delito de contaminación peligrosa –previsto en la ley nacional de Residuos Peligrosos–. Se consideraba que en 2010 la causa sería elevada a juicio oral y público, y de probarse la responsabilidad de la empresa en la contaminación del canal, podría abrirse una causa de lavado de dinero a las universidades que recibieron fondos de la empresa. “Como en cualquier otro delito en el que se recibe dinero proveniente de un ilícito y se lo aplica a otros fines se comete el delito de lavado de dinero”, explicó el fiscal Gómez en diálogo con Página/12. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal consideró el jueves último “hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa” y “anular la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán”. Esto no significa que “sobreseyó a Rooney”, apuntó Javier Pardo, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, sino que la causa continúa abierta, pero deben realizarse nuevas presentaciones conformes a la sentencia del tribunal, que –con dos votos negativos y una disidencia– consideró anomalías formales durante el proceso y negó indicios de contaminación, tomando en cuenta los estudios realizados por la Universidad de Tucumán, integrante de la empresa.

Informe: Nahuel Lag.
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martes, 25 de agosto de 2009

Docentes, investigadores, no docentes y estudiantes de la UBA contra los fondos de YMAD

No a los fondos de la Mina contaminante

Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008- 2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA , con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.

Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.

Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia , sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA , etc.

La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.

Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.

Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas-investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC , utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.

Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera , cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.

Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.

Desde este espacio convocamos a todos los docentes, investigadores, trabajadores no docentes, estudiantes, organizaciones sociales, de DDHH, organizaciones ambientalistas, y a toda la comunidad educativa a participar de una concentración y una radio abierta sobre el Rectorado de la UBA el próximo miércoles a las 8 hs en Viamonte 430 a movilizarnos para exigir que las autoridades rechacen los fondos de las Minas contaminantes.

Firman y adhieren:

Organizaciones gremiales y comisiones internas

FUBA, Conadu H, AGD-UBA, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Centro de estudiantes de Filosofía y Letras, Centro de estudiantes de Cs. Exactas y Naturales, Centro de Estudiantes de Psicología, Centro de Estudiantes de Veterinaria.

Consejeros

Margarita o Campo, Minoría de Graduados de la Facultad de Ciencias exactas
Ileana Cellotto, Minoría de graduados de la Facultad de Psicología
Mariela Solesio, Consejera Superior por la minoría del claustro estudiantil
Alejandro Lipcovich, Consejero Directivo por la mayoría del claustro estudiantil
Martín Pérgola Consejero mayoría estudiantil FCEyN
Federico Holik Consejero minoría graduados FCEyN y miembro de AGD-UBA

Docentes / Investigadores

Becarios Conicet , Ubacyt y Foncyt de la UBA
Pablo Bergel, Sociólogo
Alicia Rodríguez, docente UNGS y miembro de Tribuna Ambiental

Organizaciones estudiantiles

UJS-Partido Obrero
Corriente Julio A. Mella
La Mala Educación
La Mariátegui
En Clave Roja-PTS
Socialismo Libertario
Frente Universitario Proyecto Sur
Viejo Topo-Poder Estudiantil
Viejo Topo-Colectivo Universitario
JXI – Coalición Cívica
En Acción- Exactas
Rebelión (El Andamio, Los Necios y El Estallido).

Organizaciones ambientales y de DDHH

Viviana Puccio , Tribuna Ambiental
Jorge Steimbach, Tribuna Ambiental
Matías Neglia, Tribuna Ambiental

Para adherir:
noalosfondosdelamina@yahoo.com.ar