martes, 16 de junio de 2009

La Alumbrera
La UNC analiza qué hacer con plata de mineras
Raúl Montenegro solicita que la universidad no acepte esos fondos.

Diario La Voz del Interior, Córdoba, 16 de junio de 2009.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) analiza aceptar o rechazar algo más de tres millones de pesos aportados por la mina a cielo abierto Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, explotado por un consorcio que integra la minera Alumbrera.

La cuestión tomó estado público luego de que, ayer, el biólogo Raúl Montenegro, titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología, diera a conocer una carta en la que le pide a la rectora de la UNC, Carolina Scotto, que la Casa de Trejo rechace esos fondos, forme una comisión para que investigue por qué se aceptaron y promueva que otras universidades también rechacen el dinero que hayan recibido. “Aceptar estos fondos viola normas éticas de una universidad pública, porque funcionarios de Alumbrera han sido procesados por contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce que llega a Córdoba (...), equivale a ser cómplices de empresas con antecedentes oscuros”, dice Montenegro.

Consultada por este diario, Scotto explicó que, en realidad, los fondos no son una donación de esa empresa específicamente. “En 1958 se sancionó una ley para promover la explotación minera en Agua de Dionisio. Y allí se estableció que, cuando eso se explotara, parte de las regalías debían ir a Catamarca y parte para construir la ciudad universitaria de Tucumán. Luego de un tiempo, una parte de esos fondos debía repartirse entre la totalidad de las universidades”.

“Hasta el año pasado no había habido regalías que hicieran aplicable todo esto. Fue entonces que el Ministerio de Educación le pidió al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que decidiera cómo distribuir el dinero. Eso se hizo sin un debate sobre si había que aceptar esos fondos o no. Se acordó un criterio y el espíritu era que el dinero se usara para proyectos institucionales sobre cuestiones ambientales. Sucedió en una de las pocas reuniones del CIN a las que no pude concurrir”, explicó Scotto.

Scotto quiere que se debata. De todos modos, la rectora precisó que, justamente la semana pasada, en la reunión del Consejo Superior, ella introdujo la cuestión para que la UNC analice qué postura tomar, que podría incluir su devolución. “La UNC no lo ha debatido y es necesario hacerlo dado que la minería a cielo abierto aparece como terriblemente agresiva para el ambiente”, dijo Scotto.

La rectora aclaró que, hasta ahora, la UNC no ha utilizado esos fondos. “El dinero está ahí”, afirmó Scotto.

miércoles, 10 de junio de 2009


Buenos Aires, 10 de junio de 2009.-


Señor
Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
Darío Pascual Maiorana


Señores/as
Rectores/as de las Universidades Nacionales[1]
S / D



Reciban el fraterno saludo de Paz y Bien.

Me dirijo a Ustedes a fin de expresarle mi profunda preocupación, en relación a la distribución, entre las universidades públicas, de fondos provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineras de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.

En virtud de la ley 14.771[2] y sin mayor debate, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió, con la resolución 672 del 27 de mayo de 2008, la distribución de 50 millones de pesos. Esta decisión fue luego avalada por cada una de las universidades, que recibieron desde 990 mil pesos hasta cerca de 3 millones y medio de pesos por la Universidad de Buenos Aires (UBA). A nuestro conocimiento, la sede Esquel de la Universidad Nacional de atagonia es la única institución universitaria que rechazó estos fondos, por motivos éticos. Ahora, hace menos de un mes, con la resolución 699 del 18 de mayo de 2009, el CIN aprobó una nueva distribución, esta vez de 36,8 millones de pesos.

Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el CIN como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento.

Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños[3]; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias[4], y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las
poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras.

Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba, "hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades"[5]. Así, lo más alarmante es que esta empresa no haya sido obligada a suspender sus actividades, aún cuando su vice-presidente Julian Patricio Rooney está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, es el primer fallo contra una multinacional minera por delito ambiental, y una importante oportunidad para luchar contra la impunidad en materia ambiental. Cabe destacar que esta causa se inició en abril de 1999, y, sin la intervención y la perseverancia del Fiscal General de la Cámara Federal de Tucumán, hubiera continuado paralizada mucho años más. El fallo se apoya en pruebas contundentes sacadas de los informes de impacto ambiental de la empresa misma, demostrando la contaminación de las aguas del canal de desagüe DP2, donde se vierten los efluentes de la planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera[6]. Ya en 2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación detallaba los graves impactos ambientales causados por esta mina[7].

Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.

Por otro lado, nos parece importante subrayar que la distribución de dinero proveniente de este mega-proyecto minero no es la única arremetida de las grandes corporaciones económicas sobre el ámbito académico. Son muchos los científicos y las instituciones académicas que fueron cooptados y que multiplican las publicaciones complacientes con el modelo sojero y el modelo extractivo minero. Eso contribuye a desprestigiar el ámbito académico; en lugar de cumplir con su deber de informar a la sociedad civil, estas actividades tienden a desinformar. Pero también son muchos los científicos, investigadores y académicos que tratan de proponer miradas alternativas al discurso hegemónico, poniendo a la luz los daños irreparables provocados por estas actividades destructivas, saqueadoras y contaminantes. Varios de ellos luego sufrieron represalias y sanciones adentro de sus instituciones.

Señor Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y Señores/as Rectores/as de las Universidades Nacionales, les pedimos tengan presente que la explotación de Bajo la Alumbrera, desde hace más de 10 años ahora, viene provocando graves violaciones a los derechos humanos, no sólo al derecho a vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de personas.

Las universidades que Uds dirigen deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos.

Por todo eso, y porque sabemos de su compromiso con los intereses del pueblo y con la libertad académica, solicitamos que cumplen con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD.

Les agradecemos toda la atención que pueda prestar a esta situación, y adjuntamos información más detallada8 respaldando nuestro pedido.

Les reitero mi fraterno saludo.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz


1 Enviamos esta carta a los/as rectores/as de las universidades nacionales que recibieron parte de estos fondos: Buenos Aires, Catamarca, Centro, Chilecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General San Martín, General Sarmiento, Iuna, Jujuy, La Matanza, La Pampa, La Plata, La Rioja, Lanus, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco,
Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Sur, Tecnológica, Tres de Febrero, Tucumán, Villa María.


2 El yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd. fue descubierto por Abel Peirano, que lo registró a nombre de la Universidad de Tucumán en 1948. Luego la Provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad del yacimiento por lo que se conformó YMAD, una empresa interestatal de derecho privado. Para explotar la mina, en 1994, YMAD conformó con la empresa transnacional Minera Alumbrera Ltd. una unión transitoria de empresas (UTE), por la cual recibe el 20% de las ganancias de esta explotación. De este monto, según la ley 14.771, a la provincia de Catamarca le corresponde un 60%, a la Universidad de Tucumán un 20% y el 20% restante se dirige al CIN y las demás universidades nacionales.

3 Ortiz, Ricardo, Las empresas transnacionales en la minería argentina: seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e incumplimiento de los derechos de las comunidades locales, Informe de investigación, Observatorio de las Empresas Transnacionales, Foro Ciudadano de Participación para la Justicia y los Derechos Humanos, Buenos Aires, 2007.

4 Entre 1998 y 2002, luego del comienzo de la explotación de Bajo La Alumbrera, el número de patologías respiratorias de los niños aumentó un 63% según datos del servicio de pediatría del Hospital Zonal de Andalgalá en Catamarca (Nota nº44/03, área programática nº9). Desde entonces el hospital dejó de publicar datos estadísticos al respecto.

5 "El oro no brilla en la academia", Página 12, 5 de junio de 2009.

6 Más información en: Causa "González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051". Expte nº47.958. Juzgado Federal de Tucumán nºII.

7 Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán – Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007.

8 Adjuntamos el informe y carta entregada al vice-presidente de Minera Alumbrera Ltd., en octubre 2008, así como el informe Impacto de la gran minería sobre las poblaciones locales en Argentina, realizado en julio 2008.

domingo, 7 de junio de 2009

Informe de la reunión entre el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el Vicepresidente de Alumbrera Ltd, Julián P. Rooney

Reunión del 14 de octubre de 2008 entre
Adolfo Pérez Esquivel y la empresa Minera Alumbrera Ltd.

Lugar:
Oficinas de Minera Alumbrera Ltd. en la Ciudad de Buenos Aires (Av. L. Alem 855)
Presentes:
- de la empresa Minera Alumbrera Ltd.:
Julián P. Rooney (Vicepresidente), Verónica Morano (coordinadora de Relaciones Públicas);
- Adolfo Pérez Esquivel, Juliette Renaud (asesora)



Por iniciativa del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el 14 de octubre de 2008 se realizó una reunión con las autoridades de la empresa Minera Alumbrera Ltd. En esta ocasión, le entregamos a Julián Rooney, vice-presidente de la empresa, una carta y un breve informe sobre los daños provocados por la empresa[1].

Relatamos aquí los principales puntos abordados durante esta entrevista, al respecto del medioambiente, del uso del agua por parte de la empresa, y de las relaciones que tienen con las poblaciones aledañas a su mega-proyecto minero Bajo la Alumbrera (Provincia de Catamarca).

Contaminación ambiental

Según Minera Alumbrera Ltd., no existe ninguna prueba de contaminación del agua provocada por su emprendimiento Bajo La Alumbrera. Agregaron que efectúan un tratamiento del agua en su planta de filtros ubicada en Tucumán. Por otro lado, indicaron que no usan cianuro, sino que extraen el oro gracias a un método gravitacional y al método de flotación, que requiere un consumo importante de energía eléctrica, y el uso de cal y de espumantes con un PH alto.

Sin embargo, que nosotros sepamos, existen varios estudios que demuestran esta contaminación y que responsabilizan a la empresa. Podemos mencionar al menos los siguientes:

1. Pericias de la Gendarmería Nacional del 10/03/2003, según las cuales las muestras de agua tomadas en el canal de desagüe DP2 indicaron "un alto contenido de cobre y sulfatos superando los límites establecidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos para el parámetro cobre"[2]. En este canal se vierten los efluentes de la planta de secado del yacimiento Bajo La Alumbrera, indicando que dicha contaminación fue causada por las actividades de la empresa. Cabe resaltar también que este canal de desagüe sirve como fuente de agua para animales, riego de hortalizas y eventualmente bebida de personas. En la reunión del 14/10/2008, Julián P. Rooney afirmó que, según ellos, las muestras de la Gendarmería Nacional no son válidas, porque no fueron tomadas en presencia de la empresa.

2. La Gendarmería efectuó otros análisis, entre los cuales los de marzo de 2004 indicaron la presencia de cianuro en el agua en valores de 0,0008 mg/L. La empresa hizo diferentes mediciones entre Agosto del 2000 y Enero del 2003, informando en todos los casos un valor de cianuro de 0 mg/L.

3. El 09/08/2006, el fiscal de Tucumán Antonio Gómez solicitó al Doctor en Ciencias Biológicas, Dr. Juan González, un análisis técnico de los informes de impacto ambiental presentados por la misma empresa Minera Alumbrera Ltd. De este análisis, se desprenden numerosos valores
excedidos, en cuanto a las mediciones de arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, molibdeno[3].

4. En marzo de 2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación reconoció que la actividad de Minera Alumbrera Ltd. contaminaba, refiriéndose a los elevados contenidos de metales en el canal DP2 : "Las mediciones realizadas en Tarea 5 indican que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de SDT, sulfatos y
molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados. A lo largo del curso y con el aporte del agua superficial y subterránea de la zona puede observarse un notable incremento en las concentraciones de SDT, sulfatos, hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable.

El impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor ambiental. La intensidad del mismo resulta alta, de extensión regional, permanente y parcialmente reversible. El riesgo de ocurrencia es cierto y el impacto se califica con un valor de 7, que representa un impacto medio."[4]

En cuanto a las roturas del mineraloducto, según la empresa Minera Alumbrera Ltd., tal accidente ocurrió en sólo dos ocasiones, y dichas roturas no provocaron ninguna contaminación. La empresa dispone de una fibra óptica adyacente al mineraloducto, que sirve como sistema de control: al detectarse una disminución de la presión (lo que ocurre cuando se rompe el ducto), manda una alerta y la actividad del mineraloducto se detiene de manera inmediata, interrumpiendo el transporte del concentrado de minerales.

Sin embargo, varias asambleas de vecinos autoconvocados de la región tienen una lista más extensa de casos de rotura del mineraloducto, enumerando por lo menos cinco derrames tóxicos de minerales[5]. Además, insisten sobre el peligro de contaminación cada vez que se produce este tipo de accidente.

Así, cabe recordar que en 1999, se produjo un derrame en las cercanías del dique Villa Lola, en Alpachiri, a 14 kilómetros de Concepción (Tucumán). En septiembre de 2006, un estudio realizado por la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) reveló que el agua de la plaza Abel Peirano, del barrio El Nevado (Concepción) contenía un 160 por ciento de mercurio, un porcentaje por arriba de los límites establecidos por el Código Alimentario Nacional para el agua potable. En agosto de 2007, ante la posibilidad de un vinculo entre esa contaminación y los restos de concentrado enterrados ocho años atrás luego de la rotura del mineraloducto en Villa Lola, la Secretaría de Medio Ambiente provincial obligó la empresa Minera Alumbrera Ltd. a extraer el material enterrado.

Consumo de agua y disponibilidad de este recurso para la población

Durante la reunión, la empresa Minera Alumbrera Ltd. nos indicó que considera que su actividad minera no afecta las reservas de agua subterráneas del acuífero del Campo del Arenal. Nos informaron que disponen de pozos de monitoreo para verificar el nivel de las napas de agua. Los cuestionamos sobre el hecho de que muchas personas viviendo en los departamentos aledaños se dicen perjudicados por su emprendimiento minero, y sufren de la falta de agua, recurso indispensable para sus actividades productivas, en particular la agricultura. A lo que la empresa respondió, que no consideraba tener responsabilidad alguna por esa falta de agua, e interpretó la misma como el resultado de:

- la falta de canales de riego o la mala calidad de los que ya existen, lo que genera según ellos un gran desperdicio del agua existente. Además, la empresa informa que, en cooperación con la municipalidad de Andalgalá, facilita recursos y capacitación para que los lugareños puedan construir sus propios canales de riego. Nos indicaron también que estuvieron trabajando con el ingeniero hídrico Claudio Bravo, consultor a cargo del plan para recursos hídricos de Andalgalá (plan a 20 años);

- el aumento de la demanda de agua, ya que, según la empresa, la superficie cultivable en el departamento de Santa María aumentó entre 1995 y 2005. Considera entonces que sigue existiendo agua, pero que se encuentra en mayor profundidad.

Una vez más, los datos informados por la empresa contrastan con las informaciones que nos vienen llegando de otras fuentes. Así, según un estudio de Ricardo Ortiz (2007), "Santa María (Catamarca) es una localidad que perdió el 40% del agua; el 70% del sector agropecuario del departamento de Santa María ha dejado de producir por falta de agua y parte del cause del río Santa María se está secando"[6].

Relaciones de Minera Alumbrera Ltd. con las poblaciones locales

Durante la reunión, los representantes de la empresa Minera Alumbrera Ltd. insistieron sobre los beneficios que consideran generar para las poblaciones locales. En primer lugar, evalúan que los impuestos pagados por la empresa representan el 70% de la recaudación de la provincia de Catamarca –con alrededor de 100 millones de pesos en concepto de regalías en 2007-, y que son uno de los primeros contribuyentes de todo el país. Por otro lado, dicen destinar 1% de las ganancias de la empresa para programas de responsabilidad social empresaria. Dichos programas se vienen desarrollando en el ámbito educativo, de la salud, y productivo. Indicaron que en todos los casos esos programas se implementan en colaboración con las autoridades e instituciones locales, incluyendo las secciones locales del INTA.

Pero al escuchar los integrantes de las comunidades aledañas al proyecto, muchos consideran que el balance de la presencia de la empresa en la región es muy negativo. Resaltan la decepción luego de las ilusiones creadas cuando llegó la empresa: había prometido la creación de numerosos puestos de trabajo y un fuerte desarrollo para la región, pero la realidad diez años después muestra nada más que unas centenas de empleados de la minera proviniendo de Catamarca, y una pobreza persistente en la provincia. Además, los habitantes denuncian los perjuicios que causa el emprendimiento a sus actividades agrícolas. En el año 2006, el Consejo Local Asesor
del INTA de la ciudad de Andalgalá se pronunció en contra de la gran minería en Catamarca: "el programa Estratégico Institucional del INTA 2005-2015, prioriza y fija como Ejes Estratégicos para el Desarrollo, la SUSTENTABILIDAD, la COMPETITIVIDAD y EQUIDAD SOCIAL, lo cual a simple análisis se contradice con una actividad económica meramente extractiva y contaminante, que dividió gravemente a nuestras comunidades y que pone en serios riesgos a sistemas productivos y a las cuencas hídricas de agua superficial y subterránea"[7].

Conclusión

En primer lugar, queremos señalar que, a pesar de que la reunión duró casi una hora y media, no pudimos abordar todos los temas que hubiéramos querido. Razón por la que este informe no trata todas las denuncias relacionadas con la actividad minera de esta empresa en Catamarca.


Como se puede apreciar, los resultados de esa reunión no son nada sorprendentes.

La empresa tiene respuestas preparadas para cada una de las acusaciones, y no reconoce ninguno de los hechos que le reprochan las poblaciones aledañas a su mega-proyecto Bajo La Alumbrera. No se podía esperar otra cosa, ya que su vice-presidente Julián P. Rooney está actualmente procesado por daño ambiental, por lo que viene trabajando sobre su defensa.

Sin embargo, no pensamos que está reunión fue inútil. Por un lado, tanto Adolfo Pérez Esquivel como su equipo de trabajo, consideramos que es importante mostrar a la otra parte, en ese caso la empresa Minera Alumbrera Ltd., que estamos dispuestos a escuchar sus argumentos. Por otro lado, tratamos de transcribir con la mayor fidelidad posible lo que nos dijeron, y eso nos permitió resaltar las contradicciones con los datos que manejamos y que nos vienen llegando desde las comunidades y las asambleas de vecinos autoconvocados.


[1] Ver anexos.

[2] Más información en: Causa "González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051". Expte nº47.958. Juzgado Federal de Tucumán nºII.

[3] Más información en: Fiscalía General ante la Cámara Federal de Tucumán, Agosto 22 de 2006. Dictamen Nº243/06.

[4] Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán – Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007, p. 6.

[5]Ver informe en anexos.

[6] Ortiz, Ricardo, Las empresas transnacionales en la minería argentina: seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e incumplimiento de los derechos de las comunidades locales, Informe de investigación, Observatorio de las Empresas Transnacionales, Foro Ciudadano de Participación para la Justicia y los Derechos Humanos, Buenos Aires, 2007.

[7] "Propuestas con Empresas Mineras", in Propuesta del Consejo Local Asesor de la agencia de extensión Andalgalá, a presentarse en la reunión mensual del C.L.A de la E.E.A. Catamarca, Andalgalá, 6 de septiembre de 2006. En octubre de 2007, la misma entidad se expidió nuevamente en contra de la gran minería, esta vez refiriéndose a los proyectos Agua Rica y Filo Colorado, y se comunicó con el Congreso de la Nación con el objeto de que se considere la posibilidad de legislar sobre el siguiente punto: "Establecer zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población como es el caso de AGUA RICA y FILO COLORADO en Andalgalá".

lunes, 1 de junio de 2009

Manifiesto N° 1/08 del Consejo Asesor Zonal de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco


Esquel , 01 de Septiembre de 2008.-
VISTO:

La decisión del CS del 7 y 8 de agosto que aprobó la aceptación de una partida de $1.500.000 proveniente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, YMAD.


CONSIDERANDO:

Que miembros de la comunidad universitaria de la Sede Esquel se han manifestado públicamente como parte del ejercicio de su función académica y docente, cuestionando la minería a gran escala.

Que los habitantes de la ciudad de Esquel, en la que la Universidad tiene asentamiento académico, se han expresado mayoritariamente en defensa de la preservación del espacio ambiental.

Que nuestro Estatuto Universitario establece en su artículo 4° que “la UNPSJB guarda profundas relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual forma parte”.

Que el Honorable Consejo Superior en su Resol Nro 120/06, se expidió expresando el apoyo a los ciudadanos de Esquel en su oposición a proyectos que considera social y ambientalmente negativos para la comunidad.

Que los fondos provienen de YMAD, quien conforma una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con la firma Minera Alumbrera Limited, cuya actividad ha generado probada contaminación y cuyo vicepresidente ha sido recientemente procesado penalmente como responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto y penado por el Art. 55 de la Ley 24051.

POR ELLO:

EL CONSEJO ASESOR ZONAL DE LA SEDE ESQUEL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Rechazar la decisión del Consejo Superior de aceptar los fondos provenientes de la empresa YMAD.

ARTÍCULO 2º.- Proponer la no aceptación de fondos que provengan de esa fuente y que se propongan destinar a la Sede Esquel.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y cumplido, archívese.-