Plata ética
La UNC debe decidir si acepta usar o no los fondos provenientes de las regalías de la minera Bajo La Alumbrera. Veintitrés universidades nacionales ya los aceptaron. La cuestión está planteada en términos de ética. El ambientalista Raúl Montenegro dice que se escracharán públicamente los nombres de aquellos que voten a favor de usar los fondos mineros.
Diario La Voz del Interior, Córdoba, 14 de septiembre de 2009.
Éticos versus no éticos. Así está planteada hoy en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) la discusión sobre si se aceptan o no los fondos provenientes de las regalías de la minera Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
El ambientalista Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y profesor de la Facultad de Psicología de la UNC, es el principal mentor de la “rebeldía ética” que hace poco congregó en Córdoba a representantes de varias universidades nacionales, aunque muchas menos de las que efectivamente ya decidieron aceptar los fondos mineros.
En ese encuentro se resolvió, entre otros puntos, pedir al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a todas las universidades públicas que aprueben códigos de ética “para que casos como el de Bajo La Alumbrera no se repitan y sirvan para transparentar el financiamiento de las universidades públicas”.
Sin proponérselo, la Universidad Nacional de Salta, una de las casas de estudios que sí aceptó los fondos mineros y considera que deberían ser más, retrucó esta posición con un argumento equivalente cuando su Consejo Superior dijo: “(...) Que a su vez, en principio, atendiendo a la concentración de la actividad, las posibles externalidades negativas de la minería no son de impacto global como pueden ser los efectos negativos de otras actividades como el uso de los derivados del petróleo, los agroquímicos, la emisión de gases que favorezcan el efecto invernadero”.
Una rápida mirada sobre el origen de los fondos que componen el presupuesto nacional basta para descubrir que provienen de impuestos a rubros tan supuestamente “tóxicos” como los mineros: combustibles, cigarrillos, bebidas alcohólicas, etcétera. Y en proporción representan mucho más que los 2.027.311 pesos que la UNC tiene depositados en una cuenta y aún no decidió qué hacer con ellos.
¿Vale resistirse a la llegada del dinero de Bajo La Alumbrera y no decir nada sobre lo que aportan las petroleras con sus impuestos a los presupuestos de las universidades nacionales, cuyo impacto ambiental es tanto o más negativo que el produce la empresa minera en Catamarca?
Panorama complicado. Es evidente que esta discusión es sumamente incómoda para una mayoría silenciosa en la UNC que está dispuesta a aceptar los fondos de Bajo La Alumbrera –no son donaciones sino el producto de una ley–, más cuando quienes están en contra amenazan con escrachar en público a quienes estén a favor.
Este diario habló con varios decanos y funcionarios universitarios que no tienen reparos en recibir estos cuestionados fondos pero, por el momento, no quieren asomar la frente para no sufrir un “hondazo ético”. Aunque en algún momento esto tendrá que resolverse, pese a que desde el Rectorado aseguran que no hay apuro por tomar una decisión.
La rectora Carolina Scotto ha preferido que sea el Consejo Superior el que tenga la última palabra.
El máximo órgano de gobierno universitario esperaba más del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) cuando le encargó el análisis de esta cuestión. El resultado fueron seis informes separados de cada uno de los miembros, de los que sólo fijan posición aquellos que están en contra, como Raúl Montenegro.
Mientras tanto, 23 universidades nacionales ya decidieron aceptar los fondos mineros, algunas con fundamentos, otras sin decir una palabra. En Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) es la única que aceptó estos fondos. El rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Oscar Spada, se animó a decir que hay que recibir y usar los fondos mineros, pero el Consejo Superior de esa casa de estudios es el que debe decidir.
Los fondos, en definitiva, corresponden por ley y no tendrían por qué generar compromiso alguno con las universidades, como sí plantean los ambientalistas en el sentido de crear un “clientelismo de universidades”. El problema de fondo es cómo el Estado controla la explotación de los recursos del país, sean mineros, petrolíferos o de cualquier índole, para que no impacte de modo negativo en el ambiente.
Pero es difícil tomar una decisión cuando la disyuntiva se plantea entre éticos y no éticos.
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